QUITO.- Las autoridades ecuatorianas derogaron este martes el estado de emergencia nacional que extendía las facultades de la fuerza pública para controlar un levantamiento indígena que dejó cuatro muertos y decenas de heridos, dijo un boletín de la presidencia.
La emergencia decretada el 2 de febrero permitía al Gobierno restringir las garantías constitucionales de tránsito y asociación y facultaba a la fuerza pública a intervenir en cualquier caso que considere necesario.
A fines de enero, miles de indígenas marcharon hacia la capital para protestar por los altos precios del transporte y los combustibles, paralizando el comercio y el transporte a nivel nacional y desatando en algunas provincias violentos enfrentamientos con efectivos del ejército.
Los dirigentes indígenas llegaron el miércoles pasado a un acuerdo con el Gobierno para terminar con las manifestaciones a cambio de una rebaja en el precio del gas de uso doméstico, básico para miles de familias pobres.
Un levantamiento similar el año pasado, apoyado por oficiales militares, derrocó al entonces Presidente Jamil Mahuad, llevando a su vicepresidente, Gustavo Noboa, al poder.
Noboa, cuyo apoyo popular bajó al 28 por ciento la semana pasada en contraste con un 43 por ciento en diciembre, según una encuesta de Cedatos, incrementó el precio de los combustibles el año pasado en un intento de equilibrar el presupuesto estatal.
El Fondo Monetario Internacional apoya los aumentos para reducir la dependencia del país en el petróleo, que aporta más del 45 por ciento de los ingresos al erario. Ecuador suscribió un acuerdo con el FMI para acceder a 300 millones en crédito en abril, pocas semanas después de que dolarizó su economía y cedió la capacidad de aplicar la política monetaria al financiamiento del presupuesto.
El país, con 12,4 millones de habitantes, atraviesa por una severa crisis económica, y apenas el 25 por ciento de su fuerza laboral tiene empleo a tiempo completo. El sueldo mínimo básico es de 117,64 dólares mensuales.
Algunos analistas señalan que el acuerdo no afectará las reformas fiscales que busca implementar el gobierno ecuatoriano, pero que tampoco prevendrá otro levantamiento, ya que los grupos indígenas se oponen al programa del FMI.
