SAO PAULO.- El mayor motín carcelario de la historia brasileña terminó este lunes después de más de 24 horas de tensión y violencia, con un saldo de por lo menos doce presos muertos, según el balance preliminar divulgado por las autoridades del estado de Sao Paulo.
Según informó la policía local, los 27.000 reclusos que se rebelaron el domingo en 29 instituciones penales liberaron a las cerca de 7.000 personas -entre funcionarios carcelarios y familiares- tomadas como rehenes.
La invasión de la penitenciaría del municipio de Pirajuí y la ocupación policial de Carandirú -el mayor complejo penal de Latinoamérica, con unos 7.500 presos- fueron los últimos actos del drama que dejó en vilo a todo el país.
En la metrópolis de Sao Paulo, miles de familiares de presos embistieron hoy contra las tropas policiales, en un intento de impedir la ocupación del penal de Carandirú donde, en 1992, un operativo policial similar resultó en el asesinato a sangre fría de 111 reclusos.
A los gritos de "asesinos, asesinos", los parientes de los reclusos lanzaron latas y botellas contra los uniformados, que enfrentaron serias dificultades para evitar su ingreso en el penal. La policía ingresó finalmente en el complejo de penitenciarías, después de prometer que autorizaría el ingreso de diputados y representantes de entidades de los derechos humanos después de revisar los presos y todas las celdas, en búsqueda de armas.
El saldo real de víctimas del "supermotín" es todavía ignorado. En un comunicado oficial divulgado en la mañana de este lunes, la policía militarizada se limitó a anunciar que doce presos perdieron la vida durante la rebelión y que cuatro agentes resultaron heridos de bala.
Las autoridades todavía no informan las circunstancias de las muertes de los reclusos, y se limitaron a asegurar que no se registraron fugas durante el "supermotín", y que ninguna de las reivindicaciones de los presos ha sido atendida por las autoridades.
El movimiento, aparentemente comandado por una organización delictiva autodenominada Primer Comando de la Capital (PCC), empezó ayer en el complejo de Carandirú, y rápidamente se propagó por otras instituciones, en una acción coordinada que generó graves preocupaciones entre las autoridades.
Según el secretario provincial de Administración Penal, Nagashi Fukurawa, los motines representaron una protesta contra la reciente transferencia de cinco dirigentes del PCC -incluso el líder del grupo, conocido como "El Sombra"-, quienes fueron retirados del penal de Carandirú y transferidos a otras cárceles.
"La causa del movimiento no fue la superocupación de las celdas, ni tampoco denuncias de malos tratos, sino que fue una protesta por la transferencia de los líderes de esa organización criminal", dijo. Sin embargo, expertos en derechos humanos insistieron en que el "supermotín" abrió un nuevo y asustador capítulo en la historia de violencia del sistema carcelario de Brasil, criticada incluso por representantes de las Naciones Unidas, que acusaron el país sudamericano de "tratar sus presos como si fueran animales peligrosos".
"La ausencia del Estado en la periferia pobre de las grandes ciudades fomenta la violencia, y la escasa inversión en el sistema carcelario estimula los motines y las fugas masivas", dijo este lunes en Rio de Janeiro la abogada Julita Lemgruber, experta en sistema penal.
A su vez, el dirigente de la organización de derechos humanos Justicia Global, James Cavallaro, apuntó que el motín de este domingo rompió el principio de "ética interna" vigente hasta entonces entre los reclusos, que evitaban realizar protestas en los días de visitas de sus familiares.
