BUENOS AIRES.- El abogado de un empresario ecuatoriano que compró armas a Argentina, en una maniobra ilegal que involucró a funcionarios del gobierno del ex presidente Carlos Menem, acusó hoy al ejército argentino de haberlo estafado alegando que los fusiles que adquirió eran obsoletos.
El abogado Miguel Botelo hizo las declaraciones después que la justicia argentina arrestó el sábado al ex asesor y ex cuñado de Menem, Emir Yoma, acusado de ser el jefe de la operación que entre 1991 y 1995 vendió ilegalmente armas a Ecuador y Croacia.
"Mi cliente compró 7.000 fusiles FAL nuevos y 10 millones de tiros calibre 762 para esos fusiles. Y les entregaron únicamente 3.200 fusiles FAL obsoletos, que estaban dados de baja por el Ejército (argentino) y 1.000.000 de tiros que estaban vencidos", dijo a una radio argentina Botelo, abogado del empresario ecuatoriano Roberto Sasén.
"Esos fusiles estaban valuados por el Ejército en 10 dólares cada uno (...) y se los venden en 380 dólares. Es un verdadero despropósito, una estafa consumada", agregó.
La justicia argentina dictaminó la semana pasada que la orden para realizar esas negociaciones, por las que también están procesados tres ministros del ex mandatario peronista, partió de los niveles más altos del gobierno.
La Cámara Federal instruyó al juez federal Jorge Urso a que investigue la participación de los ya procesados ex ministros de Defensa Oscar Camilión y Erman González, del ex canciller Guido Di Tella y del ex jefe del Ejército Martín Balza.
Los funcionarios, Menem y el entonces, y actual, ministro de Economía, Domingo Cavallo, firmaron entre 1991 y 1995 tres decretos que autorizaban la venta de armas a Panamá y Venezuela, embarques que en realidad fueron dirigidos a Croacia y Ecuador.
"Aparte de la figura grave de la asociación ilícita hay otra todavía más grave, que sanciona con 15 años de prisión el haber intervenido en el contrabando. Estamos en presencia de un contrabando calificado", dijo Botelo.
Agregó que hasta el momento ni él ni su cliente han sido citados por la justicia argentina.
El abogado Ricardo Monner Sans, quien inició la investigación con una denuncia en 1995, dijo a Reuters que el lunes le pidió al juez Urso tomar declaración indagatoria a Cavallo y a Menem.
Según fuentes judiciales allegadas a la causa, los procesados podrían ser condenados a penas de entre tres y 10 años para los que resulten convictos de asociación ilícita y de entre cinco y 15 años para los jefes de la operación.
