BELGRADO.- En Yugoslavia se cierra el cerco legal en torno al ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, cuya entrega al Tribunal de La Haya por supuestos crímenes de guerra exige sobre todo EEUU como condición para ayudar a la exhausta Yugoslavia.
El Gobierno discutirá el próximo jueves el proyecto de ley de "colaboración con La Haya", según declaró hoy el ministro de Justicia yugoslavo, Momcilo Grubac, a la prensa yugoslava. Por el momento, Milosevic está en la cárcel de Belgrado sometido a la instrucción de una causa por abuso de poder y malversación de fondos.
Durante su reciente visita a EEUU, el Presidente yugoslavo, Vojislav Kostunica, tan enemigo de Milosevic como del Tribunal de La Haya por considerarlo un instrumento "antiserbio", pidió que no se condicionen políticamente las inyecciones de "adrenalina económica" que necesita la enferma Yugoslavia.
Dentro de dos semanas estará lista y elevada al Gobierno la Ley que podría permitir la extradición de Milosevic.
Las encuestas muestran que la mayoría de la población está en contra de que se proclame a Milosevic criminal de guerra, pero accederían a entregarlo por razones de supervivencia económica y por su responsabilidad en el desastre yugoslavo.
El 62,7 por ciento de los encuestados por la agencia serbia de opinión "Strategic marketing" colocan a la OTAN por encima de Milosevic como responsable del "crimen" más notorio, que sería el bombardeo de Yugoslavia en 1999.
Pero los encuestados culpan en segundo lugar a Milosevic, por no haber sorteado los obstáculos diplomáticos y cedido en Kosovo para que no se produjera el mayor castigo militar de la historia.
La mitad de los encuestados es incapaz de referirse a un sólo crimen serbio en las guerras de secesión de Bosnia, Croacia y Kosovo y culpan, en cambio, a los secesionistas croata y musulmán bosnio, Franjo Tudjman y Alia Izetbegovic, respectivamente, y al ex presidente estadounidense Bill Clinton, por ese orden. "La Haya es una cruda y brutal realidad pero es inevitable colaborar con ese Tribunal", comenta el ministro serbio de Justicia, Vladan Batic.
Kostunica acepta colaborar con dicho tribunal fundado por la ONU para los crímenes cometidos en las guerras de descomposición de Yugoslavia, pero exige el cambio de la Constitución, ya que ésta prohíbe por ahora extraditar a ciudadanos yugoslavos.
La portavoz del Tribunal de La Haya, Florence Hartman, considera superfluo discutir estos días en la Asamblea yugoslava y más tarde en el Gobierno una Ley de colaboración con esa Corte.
Según Hartman, la obligación de Yugoslavia de enviar a La Haya a los buscados por el Tribunal por presuntos crímenes se desprende del hecho de que ese país es miembro de la ONU.
EEUU condiciona mucho más que la Unión Europea la colaboración de Yugoslavia con La Haya, hasta el punto de que Washington no participará en la Conferencia de Donantes el 29 de junio si Belgrado no da para entonces señales de que entregará a Milosevic.
El pasado 1 de abril se cumplieron las expectativas de Washington, que había supeditado la entrega de una ayuda de 100 millones de dólares a la puesta de Milosevic a disposición de un juez de instrucción.
Muchos criticaron como "inelegante" el que los sucesores de Milosevic le capturaran unas horas antes de que expirara el ultimátum norteamericano.
Por ello, se espera que ahora Milosevic no sea extraditado para el 29 de junio a fin de que EEUU apoye la Conferencia de donantes, de la que Belgrado espera recibir unos mil millones de dólares para su reseca economía tras casi un decenio de sanciones económicas.
El Tribunal de La Haya ha facilitado las cosas al comentar sus funcionarios que lo más importante sería tener una fecha tope para la entrega de Milosevic, sin descartar que la instrucción pueda empezar en Belgrado, pero con jueces internacionales.
La Fiscal del tribunal, Carla del Ponte, declaró ayer que espera que Milosevic sea enviado a La Haya para fines del verano y que la correspondiente Ley sea aprobada a finales de junio, lo que aplacaría a Washington.
Mientras, el Tribunal de La Haya puede ganar popularidad entre los serbios que se sienten acosados y discriminados con el prometido procesamiento de presuntos criminales separatistas albaneses de Kosovo por delitos contra los serbios.
