MADRID.- El juez Baltasar Garzón amplió la querella criminal contra 41 militares argentinos con "nuevos indicios que prueban la participación" de algunos de los acusados en "crímenes cometidos" en el centro de torturas de "La Cacha", informaron el jueves fuentes judiciales.
Las fuentes agregaron que el juez se reservó su eventual decisión de pedir la captura, extradición, procesamiento y prisión de estos militares acusados de genocidio durante la dictadura argentina (1976-83).
Entre los acusados en el procedimiento abierto en Madrid, figuran, entre otros, los ex generales de división Carlos Guillermo Suárez Masón y Santiago Omar Riveros, así como los generales de Brigada Jorge Olivera Rovere, Juan Bautista Sasiain y Adolfo Sigwald.
La acusación, representada por cinco asociaciones de defensa de los derechos humanos, había pedido el pasado 9 de mayo al juez Garzón que decretara la búsqueda, captura y prisión para 43 militares imputados, dos de los cuales dos murieron después de abrirse el procedimiento judicial en su contra.
Pero el juez ha decidido "aplazar estas decisiones" a la espera de una serie de documentos en los que se aporten datos de filiación, incluyendo si fuera posible "huellas y fotos" de estos imputados, explicaron las fuentes.
Los 41 militares están acusados esencialmente del delito de genocidio. Los denunciantes aseguran en la documentación entregada al juez español, que en las instalaciones de "La Cacha" desaparecieron entre 1976 y 1978 unas 3.500 personas, de las que 151 han sido "plenamente identificadas", según Lois Pérez Leira, portavoz de la asociación CIG-Emigración, uno de los colectivos querellantes.
Entre las víctimas del campo de detención, que estuvo operativo entre 1976 y 1978, se encuentran algunos españoles, según Pérez Leira. Las asociaciones denunciantes solicitaron en su querella la prisión incondicional y el procesamiento de aquéllos que "organizaron, dirigieron y ejecutaron" delitos "de genocidio y terrorismo" por la "detención, tortura y exterminio" de personas que fueron "recluidas en condiciones inhumanas".
Garzón recibió esta querella en el marco del proceso abierto en 1996 en la Audiencia Nacional -principal instancia penal española- contra crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983).
Cerca de un centenar de antiguos militares argentinos están imputados en este proceso, entre los cuales figuran los ex presidentes Jorge Videla y Leopoldo Galtieri.
