BUENOS AIRES.- El juez federal argentino Jorge Urso afirmó su voluntad de permanecer al magen de la "agitación" creada por el caso de la venta ilegal de armas que investiga y que este miércoles lo llevó a procesar con prisión preventiva al ex presidente Carlos Menem.
"Me abstraeré -para tranquilidad de los justiciables y quietud de la República- de la agitación observada en las fuerzas políticas encarnadas en la sociedad" y en la "preocupación diariamente indicada por las múltiples crónicas", afirmó Urso en la resolución por la cual dictó la prisión de Menem.
El magistrado aseguró que, en la elaboración de las casi 600 carillas que componen el fallo, buscó una "redacción didáctica, de sencillo acceso" que sirva para "aniquilar pensamientos indigentes y creencias precipitadas, nacidas de múltiples juicios apresurados".
Menem fue procesado en el marco de la venta ilegal de unas 6.500 toneladas de armamento a Croacia y a Ecuador entre 1991 y 1995, cuya exportación se había autorizado a través de decretos gubernamentales con destinos falsos (a Panamá y Venezuela, respectivamente).
Menem ya cumplía arresto domiciliario (por ser mayor de 70 años) en calidad de indagado, desde el pasado 7 de junio. En el marco de la misma causa, Urso también dispuso el procesamiento y la detención del ex jefe del Ejército, Martín Balza, y del ex ministro de Defensa Antonio Erman González, quienes también estaban detenidos en calidad de indagados.
En extensa y pormenorizada evaluación de las pruebas obtenidas en más de 24.000 fojas de investigaciones ("artillería de evidencias", según las definió el juez), Urso entendió que, a esta altura del proceso, los imputados formaban una asociación ilícita que se manejó "alumbrada por motivos antojadizos y egoistas".
Según el magistrado, de esa organización (reprimida en el artículo 210 del Código Penal que impide la excarcelación de los jefes u organizadores) formaban parte, además del ex Jefe del Estado, su ex cuñado Emir Yoma, el ex ministro de Defensa Antonio Erman González y el teniente general (re) Jefe del Ejército Martín Balza, en sus roles de conducción.
Esos imputados, señaló el juez, "parecieran adherir" a un "contrato societario" de sus miembros o autoridades "determinado 'ab inito' (desde el comienzo) su objeto social ilícito". Se trató, dijo, de "conductas desviadas pasibles de reproche autónomo, guiadas y fabricadas por una organización criminal enquistada en su seno, elaborada con antelación suficiente para desencadenar la pluralidad delictiva que simplificó su comprobación y ocurrencia".
