BRASILIA.- Los aproximadamente 530.000 portadores del sida en Brasil podrán recibir del estado todos los medicamentos que necesiten para su tratamiento, de acuerdo con una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) divulgado el lunes.
El sida ha causado la muerte a unas 150.000 personas en Brasil desde 1981 y se estima que en la actualidad hay más de medio millón portadores del virus HIV. De este grupo, unos 100.000 reciben tratamiento y entrega gratuita de medicamentos, dijo el ministro de Salud, José Serra.
La determinación fue adoptada por el Primer Juzgado del STJ que falló en contra del gobierno del estado de Río de Janeiro que se negó a conceder a las personas afectadas por el sida los medicamentos que no estén incluidos en la lista del ministerio de Salud.
El estado proporciona a esas personas un denominado "coctel anti sida" que incluye ocho de los 13 medicamentos básicos en el tratamiento de la enfermedad que demanda al estado un desembolso anual de 180 millones de dólares para su importación, de los 320 millones que utiliza en el programa de combate a esta enfermedad.
El ministerio de Salud a través de la Agencia de Vigilancia Sanitaria dispuso que los laboratorios locales elaboren medicamentos similares que reduzcan los costos por lo menos en un 40% a fin de hacerlos más accesibles a la población afectada.
El gobierno advirtió a las empresas extranjeras fabricantes de medicamentos con suspender las patentes de venta en Brasil si es que no bajan sus precios de los productos contra el sida. El caso fue llevado hasta la Organización Mundial del Comercio y fue suspendido con un acuerdo entre los gobiernos de Washington y de Brasilia.
Según la determinación del STJ: "El estado tiene la obligación de proporcionar a los portadores del virus del sida de todos los medicamentos prescritos por el médicos para su tratamiento, además de los exámenes clínicos".
La resolución favoreció a la demanda presentada por 7 portadores del sida en Río de Janeiro y que llevaron el caso hasta el STJ en Brasilia. El estado de Río de Janeiro tiene aún la posibilidad de apelar la determinación ante el Supremo Tribunal Federal (STF), que es la máxima instancia judicial de esta nación.
