BUENOS AIRES.- El gobierno recibió el viernes un duro revés judicial, cuando un juez laboral aceptó una medida cautelar presentada por un grupo de trabajadores estatales y le ordenó suspender la aplicación de un severo ajuste, que incluye rebajas de salarios y de jubilaciones.
La resolución, adoptada por el magistrado Roberto Pompa, alcanza a un numeroso grupo de agentes públicos cuyos salarios se ven afectados por el recorte de gastos dispuesto por el gobierno, dijo el abogado Horacio Meguira, uno de los que presentó la medida ante la justicia.
Se trata de trabajadores agrupados en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otros.
La resolución judicial se conoce en momentos en que los mercados golpean nuevamente con su inestabilidad a la Argentina, y el gobierno busca que el Senado convalide con una ley el fuerte ajuste.
Agrega además un nuevo elemento de incertidumbre, que se suma a los conflictos sociales, económicos y políticos que enfrenta el gobierno.
La medida cautelar fue presentada por los abogados Horacio González, Leon Piasec, Meguira y Enrique Rosemberg "en nombre de todos los trabajadores estatales del país" y con la intención de que el ministerio de Economía retrotraiga los salarios públicos a la situación en la que se encontraban antes de la implementación del decreto presidencial.
A través de ese decreto, el gobierno dispuso una rebaja en los salarios de 500 dólares o más de empleados públicos y jubilados. El ajuste es impulsado con la finalidad de llegar al déficit cero y despejar los temores de los inversores externos de que Argentina caiga en una cesación de pagos.
El gobierno ratificó la vigencia del decreto del ajuste y espera ahora que el Congreso lo convalide con una ley. Sin embargo, encontraba trabas en la Cámara de Senadores, con mayoría peronista, en donde el tratamiento de la iniciativa ha sido postergado. Ya cuenta, en cambio, con la media sanción de la Cámara de Diputados.
Las autoridades lograrían revertir la resolución judicial con la aprobación de la ley, ya que el magistrado sólo se refirió al decreto presidencial.
Tras conocer la decisión judicial, el portavoz gubernamental Juan Pablo Baylac exhortó a los jueces a que cuando interpreten decisiones políticas del gobierno, tengan en cuenta "la perturbación o preocupación o consecuencias" que pueden causar los fallos.
Baylac le dijo a los jueces que sus fallos "no pueden estar descontextualizados de la realidad que vive la Argentina".
La resolución judicial del viernes, se suma a otras similares dictadas la semana pasada por otros magistrados.
Mientras tanto, el fiscal federal Eduardo Freiler solicitó a un juez federal que promueva acciones civiles por daños y perjuicios contra funcionarios responsables de negociar la deuda externa, dijeron fuentes judiciales.
Le medida fue solicitada al magistrado Jorge Luis Ballestero. Para Freiler se torna "imperioso demandar las indemnizaciones pertinentes a los funcionarios responsables de una actuación ilegal, a quienes se beneficiaron con la misma y a quienes, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la facilitaron e impulsaron".
La deuda externa argentina es de alrededor de 130.000 millones de dólares.
