BUENOS AIRES.- El ex jefe de Estado argentino Jorge Rafael Videla se negó este viernes a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de la causa en la que se investiga la existencia del denominado Plan Cóndor, un operativo de represión coordinada entre regímenes autoritarios sudamericanos en la década de 1970, admitió el propio militar ante los periodistas en el lugar.
"No voy a formular ninguna declaración", afirmó Videla con tono firme y su dedo índice apuntando al salir del juzgado federal, cuando fue rodeado por los periodistas acreditados que se acercaron a interrogarlo cuando era conducido por una custodia policial hacia el subsuelo del edificio de Tribunales.
A las 10.45 horas locales (13.45 GMT), Videla abandonó el juzgado, adonde había sido trasladado a las 10.00 horas locales (13.00 GMT) para prestar declaración indagatoria. El ex gobernante cumple prisión preventiva domiciliaria (por ser mayor de 70 años) desde hace tres años, dictada por otros magistrados en causas por robo de bebés nacidos en cautiverio de madres desaparecidas.
Videla debía ampliar su declaración indagatoria en la causa en que está procesado, también con prisión preventiva, como supuesto co-jefe del Plan Cóndor, una suerte de acuerdo multinacional de coordinación entre los gobiernos de facto sudamericanos para reprimir la acción terrorista y opositora en la década de los años setenta.
El 10 de julio pasado, Canicoba Corral procesó a Videla como presunto integrante de una "organización criminal" que, bajo la denominación de "Plan" u "Operación Cóndor", habría secuestrado y torturado a decenas de personas durante la represión ilegal que fue desplegada en Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
El juez consideró entonces probada "la actividad de Videla en cuanto a la concertación del acuerdo que conformara la organización criminal denominada Operación Cóndor, destinada y dedicada a la comisión de ilícitos: privación ilegal de la libertad persona, secuestro, imposición de tormentos, robo, y falsificación y uso de documentos".
En opinión del juez, el Operativo fue producto de un "acuerdo de nivel político (...) entre países del Cono Sur" con fines de cumplir el "principal objetivo" de esos gobiernos: "el exterminio de la subversión".
El magistrado, que trabó un embargo de un millón de pesos (igual dólares) sobre los bienes de Videla, describió al "Operativo Cóndor" como una "organización criminal político-militar de nivel internacional, sostenida por el poder ejercido de autoridades jerárquicas militares, civiles y policiales de los países que habrían integrado la misma, con fines criminales e ilícitos como es, entre otros injustos, la desaparición forzada de personas".
En el marco del proceso, Canicoba Corral pidió a Chile la extradición del ex Presidente chileno Augusto Pinochet, y realizó idéntico trámite con Paraguay para enjuiciar en Argentina al ex presidente Alfredo Stroessner, actualmente asilado en Brasil.
También solicitó a Uruguay la extradición de Julio Vapora, ex comandante en Jefe del Ejército de ese país, y de otros militares de la misma nacionalidad.
Asimismo, la semana pasada pidió a la Justicia de Estados Unidos una declaración del ex secretario de Estado Henry Kissinger, sobre su presunto conocimiento del Plan Cóndor.
Videla, que el 2 de agosto cumplió 76 años, está detenido desde el 9 de junio de 1998 por su presunta participación en la sustracción de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres durante el gobierno de facto (1976/1983).
En 1990, el entonces presidente Carlos Menem (1989/1999) había indultado al ex mandatario luego de que éste fuera condenado en 1985 a reclusión perpetua por flagrantes violaciones a los derechos humanos. Ese indulto alcanzó asimismo a otros jerarcas del gobierno así como a ex jefes guerrilleros.
