TOKIO.- Las autoridades japonesas reiteraron este jueves que no tienen planes de extraditar al ex presidente peruano Alberto Fujimori para que comparezca ante la justicia incaica a raíz de una nueva denuncia por homicidio que hizo la fiscalía de la nación sudamericana.
Fujimori, quien tiene la nacionalidad nipona, buscó refugio en Japón en noviembre tras el colapso de su gobierno de 10 años en medio de un creciente escándalo de corrupción.
Desde entonces, Japón ha mantenido su postura de negarse a enviarlo a Lima para que enfrente a la justicia en una serie de acusaciones hechas por el gobierno peruano, pues no tiene un tratado de extradición con Perú y no acostumbra a extraditar a sus ciudadanos bajo tales circunstancias.
"Es mejor responder de acuerdo con la ley japonesa. Quiero tomar una decisión después de haber estudiado bien el caso", destacó el Primer Ministro Junichiro Koizumi este jueves, según dijo la agencia noticiosa Kyodo.
Un vocero de Koizumi no confirmó el comentario, pero un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se abstuvo de identificarse, dijo: "Actualmente, nuestra posición se mantiene invariable".
La fiscalía de la nación peruana presentó una demanda por homicidio contra Fujimori con relación a dos matanzas apoyadas por el gobierno a principios de la década del 90.
La fiscalía afirma que Fujimori fue "coautor" de las dos matanzas y que "conocía en detalle las operaciones" de un escuadrón paramilitar conocido como Grupo Colina.
A este escuadrón se le acusa de acribillar a 15 personas en 1991 durante una pollada (parrillada) en un solar de la zona antigua de Lima. Algunos de los miembros del grupo paramilitar están acusados del asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta en 1992.
La fiscalía acusa a Fujimori, asimismo, del asesinato de la ex agente de inteligencia Mariela Barreto, cuyo cuerpo decapitado y descuartizado fue encontrado en marzo de 1997.
El Congreso allanó el camino para la presentación de cargos el 27 de agosto, al retirarle la inmunidad constitucional a Fujimori. Las acusaciones de homicidios y desapariciones forzadas, que las autoridades peruanas señalan como crímenes de lesa humanidad, son los cargos más graves en contra de Fujimori, quien ha dicho que planea quedarse indefinidamente en Japón.
Fujimori también enfrenta cargos por abandono de funciones y negligencia, los cuales conllevan una pena máxima de dos años de prisión. El ex mandatario niega las acusaciones en su contra y dice ser sujeto de una "vulgar persecución política".
Las autoridades peruanas esperan que las nuevas acusaciones de crímenes contra la humanidad ayudarán a convencer a Japón para extraditar a Fujimori, juzgarlo en una corte japonesa o enviarlo ante un tribunal internacional, como el de La Haya, Holanda.
