BUENOS AIRES.- Bajo severas medidas de seguridad comenzó hoy el juicio oral contra 20 sospechosos de estar involucrados en el peor atentado terrorista en Argentina, que dejó 85 muertos y 200 heridos, cuando un artefacto explosivo demolió la sede de la mutual judía AMIA.
Al iniciarse la audiencia, los fiscales solicitaron un minuto de silencio por las víctimas de los dos atentados terroristas en Buenos Aires en 1992 y 1994, y en los Estados Unidos, el 11 de septiembre.
El Presidente Fernando de la Rúa expresó que su gobierno "ha dado todo el apoyo al tribunal" y agregó que "es algo muy importante que la justicia actúe y que lleguemos lo más pronto posible a la verdad".
El enjuiciamiento está a cargo de los jueces Gerardo Larrambere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, quienes evaluarán las pruebas acumuladas en la investigación a cargo del juez federal Juan José Galeano.
Más de 200 agentes de la policía federal rodearon el edificio de los tribunales, en la zona portuaria. Pocos periodistas pudieron ingresar a la sala de audiencias y el grueso debió seguir la sesión en una sala subterránea, a través de un circuito cerrado de televisión.
No se autorizó el ingreso a fotógrafos ni a camarógrafos. Los periodistas no pudieron utilizar grabadoras, teléfonos celulares ni aparatos electrónicos.
Los acusados fueron trasladados hasta el tribunal en vehículos policiales, casi una hora antes de iniciarse la audiencia.
Ninguno de los procesados está acusado del atentado, sino de estar relacionados con la comercialización del vehículo utilizado como "coche bomba". Entre ellos, hay 15 ex integrantes de la policía provincial de Buenos Aires, reiteradamente acusada de episodios de corrupción y de complicidad con delincuentes.
Los fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia dijeron que "existe un cuadro probatorio muy sólido. A partir de los testimonios que se van a producir, los imputados se van a dar cuenta de cómo será su suerte".
La investigación no pudo determinar quienes inspiraron y financiaron el atentado del 18 de julio de 1994, aunque se sospecha de grupos fundamentalistas islámicos.
De los procesados, los más comprometidos parecen ser Carlos Alberto Telleldín, que comercializaba vehículos robados, y el ex comisario de policía Juan José Ribelli.
Telleldín fue acusado de armar la camioneta Renault Trafic utilizada como coche bomba, que habría entregado a Ribelli. Este, a su vez, se la habría vendido a los autores materiales del atentado. Pero ambos han guardado silencio sobre la identidad de quienes perpetraron el ataque terrorista.
La fiscalía considera a Telleldín, Ribelli y a los ex policías Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro de ser "partícipes necesarios" en el atentado terrorista. Pidió para ellos una pena de entre 25 años a reclusión perpetua.
Los restantes 11 ex policías eran comandados por Ribelli, y están acusados de la comisión de diversos delitos. Se pide para ellos penas de 10 a 20 años.
La investigación del atentado mereció duras críticas de organizaciones judías, que también acusaron al gobierno del ex presidente Carlos Menem de no haberla impulsado debidamente.
Hubo denuncias de que tanto la policía provincial de Buenos Aires como la Secretaría de Inteligencia del Estado interfirieron en la investigación proporcionando pistas falsas, a fin de encubrir a miembros de esos organismos de seguridad.
Los testigos suman 1.550, entre ellos prominentes ex funcionarios gubernamentales y de seguridad. Hay 25 testigos de "identidad reservada".
El Comité Judío Norteamericano envió un grupo de observadores para seguir de cerca el proceso. El chileno Claudio Grossman asistirá en su calidad de presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
