BUENOS AIRES.- Una provincia argentina ordenó hoy la paralización de toda la estructura de la administración pública por tres días a causa de sus problemas financieros y económicos.
El Gobierno de la provincia de Entre Ríos, que limita al este con Uruguay, emitió un decreto para detener las actividades en las escuelas públicas, las empresas del Estado y los organismos descentralizados desde mañana, miércoles, hasta el viernes próximo.
Unicamente permanecerán activos en ese período los servicios considerados esenciales, como las guardias de los hospitales y la seguridad, dijo el ministro de Gobierno y Justicia, Enrique Carbó.
El decreto del gobernador Sergio Montiel, quien pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), el partido político que a finales de 1999 llevó a la presidencia argentina a Fernando de la Rúa, es un reflejo de la gravedad de la crisis económica y financiera que afecta a varias provincias del país.
La drástica decisión, sin antecedentes en las últimas décadas, fue adoptada para producir un ahorro a las deprimidas arcas públicas.
También para "mitigar la obligación laboral del empleado público, facilitando la no concurrencia a los lugares de trabajo, en razón de disminuir el consabido costo que ello implica", de acuerdo con los argumentos oficiales.
El decreto de Montiel, que concede asueto por tres días a los empleados públicos, hizo referencia a "la situación de fuerza mayor que vive la provincia", que ha sido declarada en estado de emergencia.
"Frente al ahogo financiero en que se encuentra la provincia, resulta necesario aplicar una medida provisional y circunstancial, mientras se resuelve la situación existente", añadió el decreto.
La provincia de Entre Ríos, cuya capital (Paraná) está situada a unos 500 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, tiene 1,1 millones de habitantes, de los cuales 178.000 -el 16,1 por ciento- son considerados indigentes, de acuerdo con un estudio de la consultora Equis difundido a principios de septiembre.
El 55,8 por ciento de su población activa, según ese estudio, está agobiada por problemas laborales, debido a que no tiene trabajo o el que tiene no le conforma.
La mayoría de las 23 provincias argentinas soporta fuertes deudas y problemas sociales, al punto de que muchas de ellas han optado por emitir bonos para poder hacer frente a sus obligaciones.
Los gobernadores de provincias de distintas fuerzas políticas han formado un frente común contra la aparente voluntad del presidente De la Rúa de recortar los fondos que la Nación debe enviarles por la distribución de impuestos federales.
