BERLIN.- La coalición gubernamental alemana, socialdemócratas y verdes, alcanzó anoche un compromiso sobre las nuevas medidas de seguridad, que incluyen reforzar los instrumentos de control de los ciudadanos con el objetivo de mejorar la lucha contra el terrorismo.
Después de tres días de intensas negociaciones, los socios de la coalición acordaron reforzar las competencias de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), mejorar el intercambio de datos entre los diversos organismos e incrementar el sistema de seguridad en el tráfico aéreo.
El borrador presentado por el ministro del Interior, el socialdemócrata Otto Schily, que había sido aplaudido por la oposición cristianodemócrata pero había recibido críticas entre los verdes y los organismos encargados de la protección de datos, quedó finalmente algo modificado.
Así, si bien la BKA recibirá mayores competencias, seguirá sin poder iniciar una indagación mientras no exista una sospecha contra la persona a la que se pretende investigar.
En esta cuestión Schily se topó con una fuerte resistencia, y los críticos temían que si la policía podía investigar sin un motivo concreto cada ciudadano se convertiría automáticamente en un sospechoso.
Otro punto en el que el ministro tuvo que ceder parcialmente a las presiones del socio menor se refiere a los datos que se utilizarán en el futuro para la identificación personal.
Schily quería decidir por decreto la introducción de una serie de datos biométricos -rasgos físicos de la persona- y la huella dactilar en los documentos de identidad, pero los verdes lograron imponer que sea el Parlamento el que decida sobre esta cuestión.
Los verdes, y también muchos expertos, dudan que este tipo de datos sirvan para identificar a terroristas, sobre todo los llamados activistas "durmientes", es decir, personas que llevan una vida totalmente legal en espera de recibir una orden de entrar en acción, como el caso de Mohammed Atta y otros de los pilotos suicidas que se estrellaron contra las Torres Gemelas.
Schily tampoco pudo imponer su propuesta de denegar el permiso de permanencia a todo extranjero contra el que exista una sospecha general.
El compromiso prevé que las condiciones para este rechazo deberán quedar claramente precisadas en la ley de extranjería.
Socialdemócratas y verdes alcanzaron además un acuerdo sobre la propuesta del ministro de crear una brigada de policías armados que viajen en los aviones.
Se acordó que los agentes deberán proceder del cuerpo de policía de fronteras, y en ningún caso de servicios de seguridad privados.
La coalición se ha propuesto llevar el compromiso al Consejo de Ministros el próximo 7 de noviembre junto al proyecto de ley sobre la inmigración, en el que todavía existen algunas diferencias entre ambos socios.
