BUENOS AIRES.- Antes de viajar el próximo jueves a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente argentino, Fernando de la Rúa, intenta desesperadamente lograr un acuerdo con los gobernadores provinciales que le brinde el sustento político a sus recientes medidas económicas anunciadas el jueves pasado.
Este domingo De la Rúa tiene previsto entrevistarse con el Presidente George W. Bush, posiblemente para explicarle los alcances y propósitos de la reprogramación de la deuda externa argentina.
Su anunció del jueves sigue provocando aprensión en los mercados financieros dentro y fuera de este país.
El índice del riesgo país abrió el lunes en 2.512 puntos básicos, aun cuando luego cerró en 2.447. No obstante, el viernes pasado este índice financiero había superado holgadamente los 2.500 puntos básicos.
La baja, según operadores, fue como consecuencia del avance que se estaría logrando para la renegociación de la deuda externa.
Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerraron con un alza del 3,68%.
De la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaron una propuesta de canje de bonos, con una reducción de intereses al 7%, en lo que se considera es la única alternativa a una cesación de pagos (default) por parte de Argentina.
Con este canje, el Gobierno estima que Argentina ahorrará unos 4.000 millones de dólares anuales en el pago de intereses, mientras este país sigue sumido en una recesión económica que comenzó en 1998, durante el gobierno de Carlos Memen, hoy detenido por la justicia a raíz de un caso de contrabando de armas.
En opinión casi unánime de los observadores, el gobierno de De la Rúa, muy debilitado por su incapacidad en revertir la recesión, necesitará imprescindiblemente contar con sólido consenso político para emprender la complicada reprogramación de la deuda pública argentina de 132.000 millones de dólares.
Ese respaldo político, en la práctica, significa un acuerdo con los gobernadores provinciales, 14 de ellos pertenecientes a la oposición peronista, con quienes el gobierno federal mantiene un diferendo en torno al reparto de impuestos coparticipados.
