BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino advirtió hoy que puede hacer uso del veto en caso de que se complete el proceso de aprobación de una ley que obliga al Estado Nacional a compartir con las provincias unos 400 millones de dólares que ingresan al mes por un impuesto específico a las transacciones financieras.
"Eso es incompatible con el programa del gobierno para refinanciar la deuda pública, reducir las tasas al 7 por ciento y postergar los vencimientos", dijo el jefe del Gabinete, Chrystian Colombo.
"El Poder Ejecutivo -añadió- siempre tiene el poder del veto".
La reacción del funcionario siguió a una sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó un proyecto en este sentido, lo que pone en peligro a una de las garantías ofrecidas por el Gobierno para la reprogramación de la deuda pública, calculada en 132.000 millones de dólares.
Las autoridades se comprometieron a garantizar el canje de los títulos propuestos en el tramo local de esta operación con parte de la recaudación fiscal.
La aprobación definitiva del proyecto, que debe ser analizado por el Senado, puede dejar al Estado Nacional sin un ingreso vital para el cumplimiento de la política de "déficit cero" diseñada para las cuentas públicas.
Por la aprobación del proyecto votaron 138 diputados, la mayoría de ellos del opositor Partido Justicialista (PJ-peronista), con el apoyo de legisladores que abandonaron la Alianza gobernante en disconformidad con las políticas social y económica del Gobierno.
La negativa recibió apenas 65 votos de la Unión Cívica Radical (UCR), que lidera la Alianza, y de la liberal Acción por la República, del ministro de Economía, Domingo Cavallo.
El impuesto a las transferencias bancarias dejó en las arcas nacionales 406 millones de dólares en octubre pasado.
La iniciativa deberá pasar ahora al Senado, donde el peronismo cuenta con mayoría propia.
La decisión de los diputados mejoró la postura de los gobernadores de las provincias, que negocian con el Estado Nacional nuevas reglas de juego para la distribución de recursos federales.
En su plan de "déficit cero", el Gobierno pretende bajar las cuantías que transfiere a las provincias, las que, a su vez, exigen el pago inmediato de una deuda de más de 800 millones de dólares, acumulada por el Estado entre julio y octubre pasados.
