MOSCU.- Un grupo de parlamentarios ha propuesto someter a la prueba del polígrafo o “detector de mentiras” a todos los aspirantes a funcionarios públicos para poner coto a la corrupción, una de las principales lacras de Rusia.
“Una persona honrada no tiene por qué temerle al ’detector de mentiras”’, afirmó en apoyo de la iniciativa el presidente de la comisión parlamentaria anticorrupción, Nikolái Kovaliov, en una entrevista que publicó hoy el diario “Nezavísimaya Gazeta”.
Kovaliov, ex director del los servicios secretos rusos, admitió que la propuesta, que será estudiada próximamente por la Duma o Cámara de Diputados, choca con la resistencia de los sectores democráticos del país que ven en ella una violación de los derechos humanos.
“¿Por qué en los países democráticos donde se emplea el polígrafo nadie habla de que se trata de una manifestación de totalitarismo?”, se preguntó el diputado, quien señaló que el uso de la “máquina de la verdad” debe ser reglamentado de manera rigurosa.
Aunque en Rusia no hay legislación al respecto, en las empresas privadas se emplea profusamente el “detector de mentiras”.
“Estamos frente a una paradoja: por una parte, la sociedad se conforma con las violaciones de los derechos humanos por parte de las estructuras comerciales y, por otra, lucha para que los órganos estatales no tengan la posibilidad de ejercer ese control”, añadió Kovaliov.
El polígrafo informatizado, que registra hasta una veintena de parámetros y reacciones fisiológicas, tiene una fiabilidad del 98 por ciento cuando son sometidas a la “prueba de la verdad” personas sin preparación.
Según expertos del Instituto de Derecho de la ciudad de Vladímir, se puede aprender a engañar al “detector de mentiras”, pero el adiestramiento es muy complejo y tiene un coste de varias decenas de miles de dólares.
La iniciativa parlamentaria ha coincidido con varios procesos por abuso de poder incoados contra altos cargo públicos, entre ellos el ministro de Ferrocarriles, Nikolái Axionenko.
La Fiscalía General de Rusia ha acusado a Axionenko, quien permanece al frente de su cartera, de “actividad ilícita”, abuso del cargo, malversación de fondos y evasión tributaria.
Según la investigación, Axionenko aumentó ilegalmente la plantilla del ministerio en el año 2000, lo que supuso una malversación de 87 millones de rublos, 3,1 millones de dólares.
Además, conforme a los datos de la Fiscalía, 17 empresas ferroviarias pertenecientes al ministerio evadieron impuestos por un total de 29.000 millones de rublos, cerca de 1.000 millones de dólares.
Las acusaciones contra el ministro incluyen la institución ilegal de seis fondos financieros, a los que se destinaba entre el 5 y el 37 por ciento de los beneficios de las compañías ferroviarias, por un monto total de más de 700 millones de dólares.
La Fiscalía General de Rusia estableció también que el ministerio de Ferrocarriles pagó 17.356.000 dólares en viajes de funcionarios al extranjero que no eran imprescindibles para su trabajo.
La comisión anticorrupción de la Duma también ha reunido antecedentes sobre supuestos delitos cometidos por varios antiguos altos funcionarios, como el ex ministro de Energía Atómica Yevgueni Adámov, el ex titular de Transporte Serguéi Frank y el ex viceministro de Hacienda Andrei Vavílov.
El diario “Kommersant” reveló hoy que un consejero del jefe del Gabinete de la Presidencia, Alexandr Voloshin, intentó sobornar nada menos que al director del Servicio Federal de Seguridad (antiguo KGB), Nikolái Pátrushev.
Viacheslav Amínov, asesor “ad honorem” de Voloshin, fue detenido y acusado de intento de soborno después de entregar un sobre con 50.000 dólares en efectivo a uno de los colaboradores de Pátrushev.
Según el periódico, Amínov entregó ese dinero para que el director del Servicio Federal de Seguridad aprobase el nombramiento de un conocido.
En una audiencia parlamentaria celebrada ayer, el diputado Víctor Cherepkov denunció que la corrupción ha penetrado no sólo en el Gobierno y el Gabinete de la Presidencia, sino también en el Parlamento.
“Todos saben que los diputados de los grupos parlamentarios más numerosos reciben todos los meses 2.000 dólares en sobres, pero todos miran hacia otro lado. El poder mismo no está interesado en la lucha contra la corrupción”, dijo Cherepkov.
