MADRID.- El próximo 1 de enero España asumirá, por tercera vez después de 1989 y 1995, la presidencia semestral de la Unión Europea (UE). Y lo hará con un panorama internacional nada alentador, marcado por los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, la guerra en Afganistán, el cruento conflicto en Cercano Oriente, la recesión en Estados Unidos y Japón o la desaceleración económica en Europa.
Pero este sombrío escenario puede ser, precisamente, el gran catalizador que permita a la presidencia española alcanzar su principal meta: impulsar la cooperación en la lucha contra el terrorismo entre los Quince e incluir este objetivo en el Tratado de la UE, dentro del apartado de política de seguridad y defensa común.
El momento parece propicio, porque nunca antes ha habido tantos avances en esta materia como desde los atentados en Estados Unidos.
“Las consecuencias de los acontecimientos trágicos del 11 de septiembre nos han hecho ser conscientes de la importancia y realidad de una serie de amenazas que se ciernen sobre nuestros valores fundamentales”, manifestó el presidente del gobierno español, José María Aznar, al presentar en el Congreso de los Diputados las prioridades de la presidencia de la UE en el primer semestre de 2002.
En Europa ningún país parece hoy más legitimado que España para hacer de la lucha contra el terrorismo su bandera. Desde hace más de treinta años, el país sufre los sangrientos atentados de la organización separatista vasca ETA, que hasta la fecha han causado más de 800 muertos. Y con el proceso de paz en Irlanda del Norte, que hizo callar las armas del IRA, ETA es el único grupo en Europa Occidental que sigue defendiendo la lucha armada para alcanzar sus objetivos.
En este contexto, la orden europea de detención y entrega, finalmente aprobada en la cumbre de Laeken (Bélgica) el pasado 15 de diciembre, es sólo un paso, y la presidencia española deberá impulsar su puesta en práctica.
Pero el gobierno de Madrid busca más: su desafío es alcanzar el reconocimiento y la aplicación mutua de las decisiones judiciales entre los países de la UE, además de lograr tanto una mayor colaboración entre los jueces de los Estados miembro -a través de una institución que ha sido bautizada “Eurojust”- como una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios secretos.
España quiere además potenciar medidas para cortar la financiación de las organizaciones terroristas, impulsar la conclusión del llamado Convenio global de Naciones Unidas contra el terrorismo y reforzar la cooperación transatlántica, sobre todo con Estados Unidos.
El otro gran reto al que se enfrenta la presidencia española, cuyo lema es “Más Europa”, es la entrada en vigor del euro, el 1 de enero. Junto con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, Madrid, en representación de la UE, deberá velar por que la introducción de la moneda única que compartirán casi 300 millones de europeos sea segura y fácil. “Esto nos impone una gran responsabilidad”, admite Aznar.
Pero la presidencia española, que celebrará las dos cumbres de jefes de Estado y de gobierno que le corresponden en Barcelona (en marzo) y en Sevilla (en junio), tendrá también un papel clave de cara a la tan debatida ampliación de la UE.
Hasta finales de 2002 deberán haber culminado las negociaciones con aquellos países que mejor cumplen las condiciones para entrar en la Unión y que en la cumbre de Laeken fueron por primera vez oficialmente nombrados: Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Hungría y Chipre. La idea es que estos diez Estados se incorporen en el año 2004.
Pero para entonces, la UE deberá haber adoptado importantes reformas, y en la Cumbre de Sevilla se conocerá el primer balance de los avances logrados en este sentido.
La presidencia europea también tiene la oportunidad de marcar la pauta en lo que a las reformas económicas y laborales se refiere.
Así, la Cumbre de Barcelona estará centrada en la liberalización e interconexión de las redes europeas de transporte y de los mercados de electricidad y gas, la integración de los mercados financieros y el desarrollo de un mercado de trabajo más flexible y capaz de crear más empleos. No hay que olvidar que en la Cumbre de Lisboa, hace casi dos años, la UE se fijó el objetivo de crear diez millones de nuevos puesto de trabajo hasta el año 2010.
Como puente entre Europa y América Latina, España además buscará durante su presidencia europea, en palabras de Aznar, “renovar e impulsar la asociación estratégica entre estas dos regiones”.
Una buena oportunidad para ello es la II Cumbre Unión Europea-Iberoamérica y Caribe, que tendrá lugar en mayo en Madrid y en torno a la cual habrá además encuentros al más alto nivel con los países miembro del Mercosur, la Comunidad Andina y los Estados de Centroamérica.
