BUENOS AIRES.- El gobierno argentino enviaría soldados a las fronteras para liberar a la policía, que debe ocuparse de las múltiples protestas populares, aunque un portavoz aclaró que las fuerzas castrenses no intervendrán en asuntos de seguridad interna.
El Presidente Eduardo Duhalde, quien asumió el 1 de enero tras la renuncia de dos mandatarios en medio de violentas protestas callejeras, advirtió sobre el riesgo de "caos" y "baño de sangre".
Y en una reunión de gabinete realizada el miércoles discutió con sus ministros los límites del posible uso de soldados.
"El Presidente está preocupado por ver dentro de los límites que la ley le permite de qué manera puede usar los soldados", dijo a Reuters el portavoz de Duhalde, Eduardo Amadeo.
Pero el funcionario aclaró que la Constitución prohíbe la intervención del personal de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna, restringiendo su rol a cuestiones de amenazas externas, salvo que la policía se vea superada por los acontecimientos o el Presidente solicite su ayuda.
"La idea es que vigilen las fronteras, hagan ingeniería, que actúen en zonas inundadas, que hagan tareas humanitarias. No habrá en ninguna parte militares en tareas de seguridad interna", dijo Amadeo.
Las fuerzas armadas argentinas han encabezado numerosos golpes militares a lo largo del siglo XX, hasta que la última dictadura cayó en desgracia en 1983 tras una derrota a manos de Gran Bretaña en la guerra por las Islas Malvinas, dejar una economía en llamas y liderar una guerra sucia que dejó un saldo de entre 15.000 y 30.000 desaparecidos.
Con un bajo presupuesto, los militares han mejorado su imagen dentro y fuera del país colaborando en tareas de paz de las Naciones Unidas alrededor del mundo.
Abstención
Durante la revuelta popular de diciembre que tumbó al ex Presidente Fernando de la Rúa, la más grave de las últimas décadas en este país de 36 millones de habitantes, las fuerzas armadas se encargaron de aclarar a través de breves comunicados que no intervendrían en la represión de las protestas.
Cuando en diciembre una ola de saqueos a supermercados y manifestaciones pacíficas contra unas restricciones bancarias se convirtieron en violentos enfrentamientos en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, fue la policía la que salió a tirar gases lacrimógenos y balas de goma.
Luego, cuando De la Rúa renunció y abandonó el Palacio de Gobierno en helicóptero, la imagen recordó el comienzo del último régimen militar en 1976.
Sin embargo, siguiendo lo que marca la Constitución, el Congreso eligió un reemplazante del ahora ex mandatario, sin que se temiera la intervención militar en la sucesión.
Duhalde, el quinto Presidente en apenas un mes, luego de que el sucesor de De la Rúa dimitiera y otros dos mandatarios provisionales lideraran la transición, dijo a la prensa el martes que "sujetará bien fuerte el timón", pero que dialogará con todos los partidos y sectores sociales.
El Presidente también hizo un llamado a la unidad nacional el lunes, acompañado por representantes la Iglesia Católica y de las Naciones Unidas.
Antes de dejar el poder, De la Rúa decretó un estado de sitio que fue rápidamente levantado.
Pero los "cacerolazos" protagonizados por la clase media en forma pacífica para expresar su enojo con las medidas económicas y los saqueos en suburbios humildes, donde golpea más el hambre, se expanden por todo el país, con los bancos extranjeros y las compañías privatizadas como blanco de los ataques.
