BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino insistió hoy en que considera una "prioridad" alcanzar un acuerdo de asistencia financiera con el FMI y aseguró que la crisis social y económica ha puesto al país "al borde de la disolución".
La insistencia fue planteada ante la Cámara de Diputados por el jefe del Gabinete, Alfredo Atanasof, encargado de coordinar las acciones entre los distintos ministerios y de servir como enlace entre el Gobierno y el Parlamento.
En un largo y denso informe de la acción del Gobierno de Eduardo Duhalde, Atanasof informó que el Estado argentino deberá hacer frente en diez años al pago 9.000 millones de pesos (2.432 millones de dólares) por una de las consecuencias de la devaluación monetaria.
Esa cifra será la que deberá cubrir el Estado por su decisión de ordenarle a los bancos que devuelvan los depósitos que tomaron en dólares a un valor de 1,40 pesos por cada billete verde, mientras los deudores devolverán a las instituciones de crédito a una paridad de "uno a uno" entre ambas monedas.
También comentó que la emisión de moneda llegó a los 3.600 millones de pesos (972 millones de dólares) al 31 de mayo pasado, contra los 3.500 millones de pesos previstos en el Presupuesto 2002.
Alfredo Atanasof se lamentó por que, a su juicio, Argentina demoró la salida del esquema de Convertibilidad (que mantenía la equivalencia de uno a uno entre peso y dólar) y dijo que la consecuencia de esa tardanza fue "la depresión y el cese de pagos" de la deuda exterior, anunciado en diciembre pasado.
El funcionario hizo hincapié en que el interés principal del Gobierno es el de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reprogramación de los vencimientos de deuda previstos para este año, calculados en unos 9.000 millones de dólares.
Para acercarse al acuerdo, el Gobierno logró tras durísimos debates en el Parlamento la derogación de la figura penal de la subversión económica y la reforma a la ley de quiebras, ambas exigencias del FMI.
La insistencia de Atanasof para remarcar la necesidad de que el país sea aceptado nuevamente en la "comunidad internacional" causó enojo entre algunos legisladores.
"Se hizo del Congreso un títere, dos meses estuvo dedicado a la discusión de leyes impuestas por el FMI y ahora empezamos a escuchar que no fueron suficientes", se quejó el centroizquierdista José Vitar.
La advertencia del diputado fue vinculada a los informes publicados hoy en la prensa local acerca de la posibilidad de que el FMI imponga más condiciones antes de enviar a una nueva misión para completar las negociaciones.
Las leyes argentinas prevén que el jefe de gabinete debe rendir un informe por bimestre ante el Congreso.
