BOGOTA.- El alcalde de la localidad colombiana de San Vicente del Caguán, Néstor Iván Ramírez, confirmó hoy la renuncia de todas sus autoridades civiles, ante las amenazas de muerte recibidas por parte de la guerrilla de las FARC.
El burgomaestre precisó que el municipio que fuera eje de la cancelada zona neutral del sur del país "ha quedado sin Dios ni ley" y que la situación es similar en las otras dieciséis localidades del departamento de Caquetá, al cual pertenece San Vicente.
"El caos reina en los dieciséis municipios de Caquetá; seguimos esperando el resultado de las medidas especiales del Gobierno Nacional, pero creo que los anuncios del presidente (colombiano, Andrés) Pastrana no fueron más que para salir del paso", advirtió Ramírez a la prensa.
San Vicente del Caguán fue el epicentro del área desmilitarizada de 42.139 kilómetros cuadrados, que Pastrana cedió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 1998 para adelantar allí un proceso de paz, que se inició dos meses después.
Sin embargo, el pasado 20 de febrero Pastrana canceló las negociaciones y dio por terminada la zona neutral, ante el recrudecimiento de las acciones terroristas de la mayor y más antigua guerrilla del país.
En mayo último, las FARC lanzaron una amenaza de muerte contra los alcaldes de los departamentos de Caquetá (sur), Arauca (nordeste y fronterizo con Venezuela) y Putumayo (suroeste y fronterizo con Ecuador), entre otros.
La "nueva táctica terrorista" del grupo rebelde paulatinamente se extendió a los 1.112 alcaldes y 32 gobernadores de la nación, junto a los funcionarios civiles que ejercen como inspectores de Policía en municipios y aldeas.
Ante el ultimátum de las FARC, el Ejecutivo de Pastrana tomó medidas como redoblar la cantidad de escoltas personales, proveerles de chalecos antibalas y de coches blindados, además de trasladar sus despachos a las capitales regionales.
Sin embargo, el alcalde de San Vicente del Caguán insistió en que tales medidas "no sirven y las alcaldías permanecen cerradas", argumentó.
Las FARC formalizaron el jueves pasado la exigencia de una renuncia general de autoridades en los 32 departamentos de Colombia, pues pretenden que los alcaldes del país "no trabajen" con la Administración del presidente electo, Alvaro Uribe Vélez.
El próximo mandatario de los colombianos, que tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto, es uno de los "objetivos militares" de las FARC, ya que en su campaña política apeló a un discurso de "mano dura" y de autoridad.
