YAKARTA.- Un hijo del ex presidente indonesio Suharto fue sentenciado a 15 años de cárcel este viernes, por ordenar el asesinato de un magistrado del Tribunal Supremo.
Para los cinco jueces quedó suficientemente probado que Tommy Suharto ordenó matar al magistrado del Tribunal Supremo Syafiuddin Kartasasmita, trabajo que cumplieron dos asesinos a sueldo el 26 de julio del 2001.
Con el defendido ausente y sus abogados abandonando la sala en señal de protesta, los magistrados empezaron a leer el veredicto a pesar de las solicitudes de la defensa para suspender el proceso.
Hutomo Mandala Putra, mejor conocido como Tommy, "es hallado culpable de todos los cargos", declaró el juez principal, Amiruddin Zakaria.
El hijo del presidente de Indonesia que durante más de tres décadas gobernó el país con mano de hierro fue detenido a fines de noviembre del año pasado, después de pasar más de un año escondido para evitar la prisión por una estafa millonaria en un negocio de venta de terrenos.
El panel de cinco jueces también encontró culpable a Tommy de los delitos de posesión ilegal de armas y evasión de la justicia, los otros cargos por los que era juzgado.
Otro miembro del panel de cinco jueces, Andi Samsan Nganro, dijo que Tommy pagó 100 millones de rupias (11.000 dólares) a dos matones para que mataran al juez que lo había sentenciado a cárcel por corrupción.
"Es verdad que el defendido les dio instrucciones para cometer un acto criminal, que de hecho llevaron a cabo", dijo Nganro. Agregó que el arma usada para matar al juez era de Tommy.
El veredicto llegó luego de cuatro meses de un proceso marcado por las frecuentes manifestaciones de ira del defendido, testigos cambiando sus testimonios y la breve detención de un abogado por supuestamente sobornar a testigos.
El juicio es considerado una prueba para el sistema judicial indonesio, plagado de corrupción y que apenas se recupera de la larga dictadura de Suharto.
Aunque representa la primera condena fuerte contra la otrora poderosa familia Suharto, se ha criticado mucho la decisión de los fiscales de solicitar quince años de prisión por el delito de homicidio premeditado, en vez de la pena capital o la cadena perpetua.
