BUENOS AIRES.- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó hoy una nueva auditoría del plan económico argentino en Buenos Aires sin anunciar avances concretos en las negociaciones de un nuevo acuerdo, tras las críticas realizadas ayer por el directorio del organismo en Washington.
La delegación del FMI, integrada por el jefe del caso argentino, John Thornton; el director de Asuntos Monetarios, Stefan Ingves; y el de Asuntos Bancarios, David Hoelschire, mantuvo esta mañana una última reunión con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, para repasar los puntos pendientes.
Las conversaciones continuarán la semana próxima en Washington, a donde viajará el secretario de Financiamiento argentino, Guillermo Nielsen, para consensuar la redacción del texto definitivo de la carta de intención para la firma de un nuevo acuerdo de asistencia financiera, según informó el Palacio de Hacienda.
El director gerente del FMI, Horst Koehler, confirmó ayer la prórroga de un año para el pago de un vencimiento de deuda de unos 2.800 millones de dólares por parte de Argentina, pero dijo que la plana mayor del Fondo está preocupada por las dilaciones en elaborar un plan sustentable.
"Los directores reconocieron que la situación económica y social en Argentina sigue muy difícil, y están preocupados de que está llevando mucho más tiempo que lo que se esperaba formular un paquete de políticas coherentes y comprensivas para encarar estas dificultades de una manera sustentable", dijo Koehler.
El titular del organismo destacó sin embargo el reciente incremento en la estabilidad de los indicadores económicos y financieros, la mejoría de las finanzas públicas en el segundo cuatrimestre de 2002 y el control del gasto público.
"Los directores expresaron su esperanza de que recientes progresos registrados en Argentina puedan ser consolidados asegurando rápidamente el consenso político interno para los asuntos políticos que todavía se necesitan para un programa que obtenga el apoyo del Fondo", señaló.
Koehler puso especial énfasis en el "desarrollo de una clara ancla monetaria y una estrategia de reestructuración bancaria bien definida, que aumente la autonomía del Banco Central e implemente acuerdos bilaterales con las provincias", además del respeto al Estado de Derecho, entre otros puntos.
El jefe del gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, consideró hoy en tanto que la postergación del vencimiento que se cumplía en septiembre es "una muy buena señal en dirección al acuerdo" con el FMI.
"Estamos en una etapa avanzada de la negociación", afirmó Atanasof al negar que el gobierno tenga un plan alternativo por si no se llegara a un entendimiento con el organismo.
El gobierno "tiene un único plan para que Argentina pueda salir de la crisis y volver a enlazar la economía nacional con la internacional", afirmó. Sin embargo, trascendidos periodísticos revelaron que el Presidente Eduardo Duhalde tendría en análisis un programa económico para el caso de que no se obtenga respaldo externo.
Argentina declaró en diciembre pasado la cesación de pagos a la mayor parte de su deuda externa, pero se mantuvo al día con los vencimientos en el FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La postergación por un año del vencimiento que se cumplía la semana próxima dio un poco de aire al gobierno y evitó que el país se declare por el momento en "default" con los organismos multilaterales de crédito y se agrave su aislamiento de la comunidad internacional.
Argentina aguarda sin embargo con urgencia la firma de un acuerdo para que se destraben los préstamos ya comprometidos por otros organismos y países desarrollados pero que fueron condicionados a la obtención de un aval del Fondo.
El país sudamericano atraviesa una de las más graves crisis económica y social de su historia, con más de la mitad de su población sumida en la pobreza y niveles récord de desempleo, que se ubica entre un 21,3 y un 30 por ciento según cifras oficiales o privadas, respectivamente.
El FMI suspendió en diciembre pasado los desembolsos de fondos para la Argentina debido al incumplimiento de las metas pautadas con el entonces presidente Fernando de la Rúa, quien días después renunció -dos años antes del fin de su mandato- en medio de un violento estallido social y una profunda crisis institucional y económica.
