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Juez dicta prisión preventiva contra Galtieri y otros 25 ex militares y policías

La resolución del magistrado Claudio Bonadío consideró suficientemente acreditada la responsabilidad de los imputados en acciones represivas y dictó embargos millonarios sobre sus bienes, informaron fuentes judiciales.

12 de Septiembre de 2002 | 15:02 | EFE
BUENOS AIRES.- Un juez argentino dictó hoy prisión preventiva para el ex Presidente de facto Leopoldo Galtieri y otros 25 antiguos militares y policías presuntamente involucrados en la desaparición de guerrilleros durante la última dictadura en ese país.

La medida fue adoptada por el magistrado Claudio Bonadío mediante una resolución en la que consideró suficientemente acreditada la responsabilidad de los imputados y dictó embargos millonarios sobre sus bienes, informaron fuentes judiciales.

El pasado 10 de julio, Bonadío había ordenado la detención de 44 ex militares y policías presuntamente vinculados con el secuestro, la tortura y el homicidio de una veintena de miembros de la organización armada Montoneros en 1980.

De ese total, hoy dictó la prisión preventiva para 26 por la presunta comisión de "asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado, tormentos y reducción a la servidumbre", entre otros delitos.

En la misma resolución, de unas 250 páginas, el juez ordenó que cinco de los imputados sean puestos en libertad.

Además de Galtieri, la prisión preventiva abarca al ex general Guillermo Suárez Mason y a otra docena de jerarcas del régimen militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983.

El juez Bonadío considera nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas en 1986 y 1987, respectivamente, y que supusieron que miles de acusados de violaciones de los derechos humanos no tuvieran que responder ante la justicia.

Los jefes de las Juntas Militares fueron condenados, pero se beneficiaron de los indultos dictados durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999).

Pero varios de ellos, como Rafael Videla y Emilio Massera, están en prisión domiciliaria por la apropiación de hijos de desaparecidos, un delito no previsto en las leyes de 1986 y 1987, o fueron procesados en juicios abiertos por los jueces que consideran inconstitucionales esas normas.
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