CARACAS.— En medio de un estruendoso cacerolazo, que se extendió por casi media hora en varios puntos de la capital, grupos opositores concluyeron el paro cívico de doce horas convocado para exigir al Presidente Hugo Chávez su renuncia y el llamado adelantada de elecciones este año.
"Hoy el 85% del país se paró para decirle a usted y al mundo que no queremos vivir en un país dividido, lleno de violencia, y donde la pobreza se asoma con cada vez más fuerza como la única alternativa de vida para un sector creciente de nuestro pueblo", dijo el presidente de la mayor central sindical del país, Carlos Ortega, al anunciar el final de la jornada de protesta.
El dirigente sindical anunció que ante la negativa de Chávez de llamar a elecciones, tal como se lo exigió la oposición luego de la multitudinaria marcha del pasado 10 de octubre en la capital, "el pueblo asume su decisión de impulsar la consulta popular electoral".
Ortega expresó en rueda de prensa que a partir de este martes iniciarán el proceso de recolección de firmas necesarias para llamar a un referendo revocatorio.
De acuerdo a estimaciones oficiales la oposición requiere cerca de 1,2 millones de firmas para lograr la convocatoria a referendo.
El dirigente sindical indicó que el 4 de noviembre los grupos opositores realizarán una nueva marcha para llevar las firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se convoque a una consulta popular.
"Señor Chávez si queda en un usted algo de sensatez asuma el reto y sin miedo consulte al soberano sobre el rumbo que deseamos para nuestro país, hágalo no le tema al soberano", sostuvo el líder sindical.
Ortega pidió al congreso, al CNE, las autoridades regionales y los organismos internacionales a que "escuchen este grito silencioso de todo un pueblo que democráticamente ha dicho: ya basta, basta de esconder la crisis".
El dirigente opositor advirtió que de negarse el gobierno a facilitar la salida electoral "no habrá otra posibilidad que apelar a la desobediencia civil".
Bajo el resguardo de unos de 5.000 policías y militares, la oposición realizó este lunes el tercer paro general en diez meses para presionar a Chávez a que llame a elecciones adelantadas este año.
El vicepresidente José Vicente Rangel afirmó que "el paro no ha funcionado. En su gran mayoría el país funcionó". Agregó que hubo una participación del 10% y que el paro fue "mediático" debido a que fue exaltado por los medios de comunicación.
Recomendó a la oposición que no se "sigan lanzando en una piscina sin agua", y no continúen incurriendo en "derrotas".
"No hay marcha ni paro que pueda sacar a Chávez de la Presidencia", dijo el vicepresidente a varios centenares de manifestantes que se concentraron en el centro de Caracas para expresar su apoyo al gobierno.
Asimismo, descartó la posibilidad de que el gobierno llame a elecciones adelantadas este año, y señaló que la Constitución prevé que sólo puede convocarse a un referendo revocatorio cuando se cumple la mitad del mandato de seis años, que en caso de Chávez se completa en agosto del 2003.
La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, indicó que el sector petrolero, metalúrgico y eléctrico que generan 81% del producto interno bruto (PIB) del país están funcionando con "normalidad".
El representante de los trabajadores de los niveles altos y medios de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Edgar Quijano, dijo que cerca del 80% de los empleados de las áreas administrativas y operativas de la corporación se solidarizaron con la protesta.
El presidente de PDVSA, Alí Rodríguez, dijo que cerca del 35% de los empleados de la estatal petrolera paralizaron sus actividades, aunque reconoció que en Caracas el ausentismo en las áreas administrativas llegó a 80%.
PDVSA garantizó este lunes en un comunicado el suministro de combustible a nivel nacional y en el extranjero.
El ministro de la Producción y del Comercio, Ramón Rosales, declaró a la televisora oficial que este tipo de protestas le provocan al Estado pérdidas por el orden los 300 millones de dólares diarios.
Según los organizadores, el paro general cuenta con el respaldo los trabajadores de los sectores de la salud, educación, banca, comercio, marina mercante y construcción que agrupan a más 500.000 personas.
Cerca de un millón de comercios, unas 3.000 industrias y los principales diarios del país también manifestaron su apoyo a la protesta convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Cámaras de Venezuela (Fedecámaras).
La creciente confrontación interna ha debilitado las gestiones de la OEA, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter para lograr un acercamiento entre las partes y una salida pacífica a la difícil situación venezolana.
La crisis del país se ha visto agravada por la severa recesión económica, los problemas financieros del gobierno, la aceleración de la inflación, la fuga masiva de capitales y una devaluación de más de 90% en la moneda.
