BOGOTA.- El Congreso de Colombia aprobó sendas leyes de pensiones, laboral y tributaria exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renovar un acuerdo que contempla créditos de ese organismo por 2.000 millones de dólares, informaron este sábado fuentes legislativas.
En el último debate de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno, el Legislativo aprobó la noche del viernes una reforma tributaria que crea un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 2% para todos los productos de la canasta familiar, los servicios públicos, la salud y la educación. El gravamen se cobrará a partir de 2005.
La reforma fue aprobada tras un arduo debate, en el que el presidente Alvaro Uribe planteó el viernes la posibilidad de declarar la emergencia económica si el Parlamento no votaba el proyecto tal y como había sido presentado por el Ejecutivo.
Según se indicó, los recursos que se obtendrán por el cobro de este impuesto -calculados en unos 357 millones de dólares anuales- se destinarán a financiar las Fuerzas Militares.
En la reforma fiscal, el Congreso también autorizó un aumento del IVA a la cerveza, los juegos de suerte y azar y la telefonía móvil.
Se estima que con la reforma tributaria el Gobierno obtendrá recursos por unos 714 millones de dólares adicionales a partir del próximo año, mediante la ampliación del IVA y el cobro de una sobretasa al impuesto de renta y los combustibles.
El Congreso también dio luz verde a una reforma pensional que aumenta la edad de jubilación a partir de 2014. Según esto, las mujeres se pensionarán a los 57 años y los hombres a los 62 (actualmente lo hacen a los 55 y 60 años, respectivamente).
El Gobierno de Uribe aspiraba en principio a aumentar la edad de jubilación a 62 años, en el caso de las mujeres, y a 65 años en el de los hombres, a partir de 2018.
La reforma pensional prevé igualmente un incremento en las semanas de cotización -que pasarán de 1.000 a 1.300 a partir de 2015- y una modificación en el monto de las mesadas.
Asimismo, el Legislativo aprobó una reforma laboral que, entre otras casas, amplía la jornada de trabajo para evitar el pago de horas extras, y recorta en un 25% el pago de los dominicales y feriados. Estas medidas entrarán en vigor en marzo próximo.
Previamente, el Congreso había autorizado al Gobierno a reestructurar el Estado, en una media que supone la eliminación de unos 40.000 cargos públicos, según el Ejecutivo.
Las tres reformas, que pasaron a sanción a presidencial, hacen parte de un drástico plan de ajuste exigido por el FMI, con el que Colombia se dispone a suscribir una carta de intención para renovar un acuerdo stand by (sujeto a condiciones), que expiró el pasado 19 de diciembre.
Ese plan contempla recursos por 2.000 millones de dólares para 2003 y 2004, a razón de 1.000 millones por año.
El acuerdo firmado hace dos años está atado a una línea de crédito por 2.700 millones de dólares que Bogotá no utilizó, y exigía efectuar reformas estructurales para reducir la inflación y el déficit fiscal, lo que se cumplió parcialmente.
La carta de intención que las partes se disponen a firmar prevé una drástica reducción del déficit fiscal colombiano de 4,1% al 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en un año, y un crecimiento económico de 1,5 a 2,5%, como requisitos para acceder al crédito.
