LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó el lunes con tomar "acciones radicales" contra embajadores, a quienes no identificó, y los acusó de alentar una conspiración de la derecha contra las reformas políticas y económicas que impulsa desde hace 19 meses.
El gobernante izquierdista denunció que un paro cívico convocado para el martes en varias regiones y una huelga de jueces, dos días después, formarían parte de la "contrarrevolución" que, sostuvo, se habría iniciado apenas dos días después de que asumiera el poder en enero del 2006.
"No sé hasta cuándo vamos a seguir teniendo paciencia, pero tenemos dignidad y en cualquier momento vamos a tomar acciones radicales contra esos embajadores; no tenemos miedo", dijo Morales en un encuentro con embajadores bolivianos en el extranjero.
"Lamento que algunos embajadores se dediquen a hacer política y a criticar al Gobierno", destacó al denunciar que "algunas representaciones diplomáticas" apoyan "reuniones y seminarios para desestabilizar las políticas de cambio".
"Eso no se llama cooperación, eso se llama conspiración contra el Gobierno", remarcó Morales, cuyo Gobierno recibe con agrado ayuda humanitaria y económica de Cuba y Venezuela, la cual asegura llega "sin condiciones".
El vicepresidente Alvaro García dijo el domingo que parte de la ayuda estadounidense a Bolivia se destina a actividades en las que ex autoridades "elaboran críticas y resistencia ideológica y política".
E líder indígena hizo una larga exposición sobre la "contrarrevolución" que, según dijo, enfrenta su Gobierno, mientras una variopinta ola de protestas mantenía a Bolivia en una alta tensión política y social.
Hasta ahora, el principal impacto de las protestas es la paralización de la Asamblea Constituyente.
Sindicatos campesinos del distrito sureño de Chuquisaca anunciaron el lunes una marcha en defensa de la Asamblea, actualmente bloqueada por una demanda de traslado de la sede del Gobierno nacional desde La Paz hasta la ciudad de Sucre.
Los comités cívicos de seis de los nueve departamentos, liderados por el distrito oriental de Santa Cruz y firmes opositores de la mayoría de las acciones de Morales, llamaron a un paro de 24 horas el martes, en apoyo a la demanda de Sucre.
Para el jueves y viernes está anunciada una huelga nacional de jueces, en respaldo a cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional a quienes la Cámara de Diputados, a solicitud de Morales, sometió a juicio por prevaricato.
La alianza opositora derechista Podemos ha apoyado públicamente al paro cívico como a la huelga judicial, lo que según el Gobierno demostraría que hay una "conspiración".
"La principal preocupación de ellos es cómo tumbar a este indiecito", aseveró Morales, reafirmando su promesa de "refundar" Bolivia mediante una nueva constitución que dé más poder a las mayorías pobres y ponga fin a las políticas "neoliberales y colonistas".
"Cómo no van a protestar si hemos comenzado con la redistribución de las tierras y mejorar los ingresos del país con la nacionalización", añadió, en referencia a "algunas familias" de latifundistas de Santa Cruz, el distrito más rico del país, afectadas por una redistribución de tierras recién iniciada.