LIMA.- El gobierno peruano pidió mesura a la Procuraduría Anticorrupción, luego de que ésta denunciara que la Justicia chilena denegaría la extradición del ex Presidente Alberto Fujimori cediendo a presiones de intereses creados.
"No podemos faltar el respeto a las autoridades chilenas actuando en base a especulaciones. Hay que ser ponderado y mesurado. El gobierno considera que hay garantías de un debido proceso en Chile", dijo hoy la ministra de Justicia, María Zavala.
"El Estado peruano -agregó la ministra- está convencido de que los jueces chilenos van a actuar de acuerdo a ley y al tratado de extradición bilateral. Tenemos la convicción de que vamos a tener una resolución a favor".
La reacción gubernamental buscó volver las aguas a su nivel luego de que Omar Chehade, jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría, denunció -sin pruebas- que la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile favorecerá a Fujimori gracias a la intervención de "una mano negra" que "cocinó" el fallo.
"Considero que (los jueces chilenos) no se van a dejar manipular por su formación por ningún tipo de presión, política o religiosa", afirmó la ministra.
Pese al llamado de atención, hecho el jueves por el Primer Ministro Jorge del Castillo, Chehade volvió a insistir en que los jueces chilenos ya resolvieron denegar la extradición sin haber leído los 20.000 folios del expediente, algo que califica de materialmente imposible cuando recién se inició la fase final del proceso.
El procurador pidió al gobierno enviar a Chile un nuevo pedido de extradición contra Fujimori, basado en el caso de una matanza de presos de la guerrilla Sendero Luminoso ocurrida en 1992, durante su primer mandato.
El gobierno anunció, por intermedio de la ministra de Justicia, que evalúa un nuevo pedido de extradición de Fujimori, pero que no lo enviará para no paralizar el proceso en curso en Chile.
Chehade solicitó al gobierno remitir a Chile este pedido para evitar que Fujimori, que tiene nacionalidad japonesa, retorne a Tokio en caso de ser rechazada la extradición que Perú pidió en enero de 2006. El ex Mandatario es solicitado por corrupción y violación a los derechos humanos.
La prensa limeña se hizo eco de las quejas y del impacto que tendría en Perú la denegatoria de la extradición o su aprobación por una presunta falta menor.
"El peor escenario no sería la denegatoria de la extradición por todos los expedientes, sino uno en el que la Justicia chilena aceptara la solicitud únicamente por un delito que tuviera una pena baja, pero la rechazara por todos los otros expedientes", indicó un editorial del diario Perú21.
Según Perú21, rechazar la extradición "constituiría un refuerzo relevante al posicionamiento político del fujimorismo, el cual sería celebrado por sus militantes y los medios de comunicación que le son tan cercanos".
El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el fujimorista Alejandro Aguinaga, instó a la cordura a la Procuraduría e indicó que "en estos procesos se gana y se pierde, pero cuando se pierde no hay que buscar atenuantes irresponsables".
Fujimori, en Chile desde noviembre de 2005, espera bajo arresto domiciliario en un lujoso condominio a las afueras de Santiago, la resolución final de los jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema.