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Santiago: Viernes 27 de septiembre del 2024 | Actualizado 07:44
SAO PAULO.- Un juez federal brasileño dio un ultimátum de 48 horas para que el confeso narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta", entregue a la Justicia de Brasil su fortuna producto del lavado de dinero y activos del narcotráfico.
Según informó el canal TV Globo, el juez Fausto de Sanctis indicó que si el capo colombiano se niega a entregar su fortuna, el reo pasará a responder por otro proceso de lavado y ocultación de dinero, lo que demoraría su extradición a Estados Unidos, como pretende la defensa.
Ramírez Abadía fue detenido junto a su esposa, también de nacionalidad colombiana, el pasado 7 de agosto en la "Operación Harapos", que desmanteló una red en la que actuaban 12 personas más.
El ex jefe del Cartel del Norte del Valle, en Colombia, era uno de los fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses bajo el cargo de narcotráfico y la recompensa por su captura era de cinco millones de dólares.
"Chupeta" fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Campo Grande, capital del centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul.
Una camioneta con una caleta que guardaba 117 millones de dólares del narcotraficante desapareció antes de su captura y el miércoles, en uno de los interrogatorios con el juez de Sanctis, Ramírez Abadía ofreció entregar entre 35 y 40 millones de dólares y el nombre de otros socios a cambio de que fuese aceptada su delación premiada.
El juez, argumentado que la cantidad era menor a lo que el narcotraficante tiene "guardado", rechazó la oferta, a pesar de que constitucionalmente es válido en Brasil otorgar beneficios a cambio de la entrega de bienes y dineros provenientes del crimen organizado.
La defensa quiere acelerar la extradición a Estados Unidos, que formalizó el pedido, puesto que Ramírez Abadía se beneficiaría de un principio jurídico de Brasil, que sólo acepta extraditar si el otro país se compromete a respetar la condena máxima de 30 aplicada en todo el territorio brasileño.
Con esa prerrogativa, el confeso narcotraficante estaría eximido de recibir la pena de muerte o cadena perpetua, como contemplaría su condena en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y homicidio.
