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Castigan a ex militares argentinos con penas de 18 años a prisión perpetua

Están acusados de cometer delitos contra los derechos humanos cometidos durante la última dictadura (1976-1983).

06 de Agosto de 2008 | 13:10 | EFE

BUENOS AIRES.- Un tribunal de la provincia argentina de Corrientes (noreste) condenó hoy a penas de 18 años a prisión perpetua a cuatro ex miembros del Ejército por delitos contra los derechos humanos cometidos durante la última dictadura (1976-1983).


La lectura de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Corrientes concluyó entre insultos y amenazas a los jueces por parte de la esposa de un militar que se ha convertido en un símbolo de la reivindicación del régimen de facto.


La mujer, Cecilia Pando, acusó de “cobardes” a los jueces del tribunal y se pasó la mano por el cuello en un claro gesto de "degüello,” antes de ser desalojada de la sala de audiencias.


La máxima pena (reclusión perpetua) recayó sobre el teniente coronel retirado Julio Barreiro, mientras que el ex capitán Juan Carlos de Marchi y el ex teniente coronel Horacio Losito fueron sentenciados a 25 años de cárcel.


El tribunal condenó a 18 años de prisión al ex gendarme Raúl Reynoso y absolvió al ex suboficial Carlos Piriz.


Estos ex militares, más Cristino Nicolaides, ex jefe del Ejército, comenzaron a ser juzgados el 5 de febrero pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos en un centro clandestino de detención montado en el Regimiento 9 de Corrientes, a 1.025 kilómetros de Buenos Aires.


Sin embargo, el proceso contra Nicolaides, que cumple otra condena de 25 años de prisión por delitos similares, fue pospuesto debido a que se encuentra hospitalizado en la provincia de Córdoba (centro), en delicado estado de salud.


El proceso a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, capital de la provincia homónima (noreste), es el primero que se llevó a cabo bajo un sistema de “protección de testigos” para resguardarlos de revivir sus padecimientos durante la represión.


Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la última dictadura militar, aunque organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.

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