SAN JOSÉ.- Las delegaciones del Presidente destituido de Honduras, Manuel Zelaya, y del gobierno de facto de Roberto Micheletti, debaten el domingo en San José la hoja de ruta que presentó el Mandatario costarricense Oscar Arias, para una salida a la crisis de tres semanas.
Bajo una fuerte presión internacional, las conversaciones se iniciaron el sábado y tras una sesión maratónica concluyeron sin llegar a un acuerdo sobre el punto central: la restitución de Zelaya en el poder del que fue expulsado en un golpe de Estado el 28 de junio.
Las partes prevén volver a enfrentarse en la residencia de Arias, donde debatirán la propuesta de siete puntos que el sábado presentó el Presidente costarricense.
"Ciertamente hay muchas diferencias", admitió Arias y subrayó que las delegaciones deben hacer un "esfuerzo de flexibilidad para acercar posiciones".
Al menos hubo algunos avances. Zelaya aceptó el sábado la propuesta de Arias de emplazar para el próximo viernes su regreso a Honduras, en lugar de este domingo, como estaba previsto.
"Hemos aceptado el inicio de la discusión de la propuesta (...) y el señalamiento del día y la hora del retorno del Presidente Zelaya a nuestra República (...) el viernes 24 de julio del presente año", dijo la coordinadora de la delegación de Zelaya, su ministra de Energía Rixi Moncada.
La delegación de Micheletti pidió tiempo para estudiar "en profundidad" la propuesta del Premio Nobel de la Paz 1987, dijo su coordinador y actual canciller del gobierno de facto, Carlos López.
"No hay acuerdo entre las partes", precisó. El punto más controvertido para el gobierno de facto de Honduras es el retorno al poder de Zelaya.
"Para Honduras es muy difícil un arreglo sobre el regreso del señor ex Presidente de Honduras, don José Manuel Zelaya Rosales", señaló la vicecanciller del gobierno de facto de Roberto Micheletti, Martha Lorena Alvarado, a la cadena Televicentro.
El plan de Arias incluye la restitución de Zelaya en el poder, el adelanto en un mes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, y una amnistía para delitos políticos cometidos durante la crisis.
El Mandatario costarricense también ha propuesto establecer un "gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por representantes de los principales partidos políticos". De su lado, Zelaya tendrá que comprometerse a renunciar a convocar una consulta popular para reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial, lo que desencadenó el golpe de Estado.