PARÍS.- El Gobierno francés aprobó hoy la medida que obligará a todos los vehículos de este país a llevar a partir del próximo 1 de julio un alcoholímetro que impida el arranque en caso de dar positivo.
El decreto, publicado hoy en el boletín oficial, prevé un periodo de cuatro meses para que los conductores adopten la medida, tras el cual se impondrá una multa de once euros a quienes la incumplan.
La sanción es muy inferior a los 135 euros previstos para todos aquellos automóviles que no lleven el chaleco y los triángulos de peligro previstos para en caso de avería.
El alcoholímetro debe estar en buen estado, contener un certificado de homologación y una fecha de caducidad, que no debe estar superada.
"La medida incumbe también a los vehículos extranjeros que circulen por territorio francés", indicó que un portavoz de Seguridad Vial, que precisó que los únicos exentos son los ciclomotores de menos de 50 centímetros cúbicos.
La medida fue anunciada en noviembre pasado por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, como una forma de detener el incremento de las muertes en accidentes de carretera ligados al consumo de alcohol.
Según los datos oficiales, el 31 por ciento de los accidentes mortales en Francia están ligados al consumo de alcohol.
Los alcoholímetros ya son obligatorios en Francia en todas las discotecas y bares nocturnos desde noviembre pasado.
Los autobuses están obligados a llevar alcoholímetros que impiden el arranque de los mismos en caso de dar positivo, una medida que afecta a todos los autocares nuevos desde enero de 2010 y que afecta a todos los escolares a partir del inicio del curso de 2015.
La generalización de los alcoholímetros en los vehículos es una medida "para invitar al autocontrol de los conductores", señaló el portavoz de Seguridad Vial, que negó que persiga recaudar más dinero.
Actualmente dos empresas francesas fabrican este tipo de dispositivos, que se venden entre uno y dos euros.
El Gobierno espera que con la previsible creciente demanda otras compañías se sumen a un mercado floreciente, por lo que cree que se fomentará la competencia y no habrá una explosión de precios.
En 2011, 3.970 personas perdieron la vida en las carreteras francesas, donde el número de fallecidos ha descendido en diez años consecutivos.