Colombia: Enjuiciarán a altos funcionarios del Gobierno de Uribe por delito de cohecho

BOGOTÁ.- La Fiscalía General de Colombia llamó hoy a juicio a tres altos funcionarios del anterior gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) a quienes acusó del delito de cohecho por el presunto ofrecimiento de dádivas a congresistas para la aprobación de una enmienda constitucional que permitió la reelección del mandatario.

La acusación fue hecha por Álvaro Osorio, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de Sabas Pretelt y Diego Palacio, quienes fueron ministros del Interior y de Protección Social, respectivamente, así como contra Alberto Velásquez, que fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Pretelt ya fue sancionado por el mismo caso en un proceso disciplinario por la Procuraduría General (Ministerio Público), que lo destituyó a posteriori del cargo de ministro del Interior y lo inhabilitó durante 12 años para el ejercicio de cargos públicos.

Los ex funcionarios deben responder en el juicio por acusaciones en el sentido de que ofrecieron nombrar como notarios de la fe pública a amigos o familiares de congresistas, a fin de obtener el apoyo de los legisladores para asegurar la aprobación en 2004 de una enmienda que permitió la reelección presidencial.

El caso fue denunciado por la ex congresista Yidis Medina, quien en 2008 originó un enorme escándalo cuando confesó que recibió prebendas del gobierno para apoyar la reforma constitucional que a la postre permitió la reelección de Uribe.

Medina, que era representante a la Cámara por el Partido Conservador, de la coalición de gobierno, no estaba de acuerdo con la reelección presidencial, pero cambió su decisión de forma sorpresiva en una estrecha votación del proyecto de enmienda en una célula del Congreso.

La aprobación del proyecto se facilitó por el voto favorable de Medina y la ausencia del entonces congresista Teodolindo Avendaño, que también se había mostrado en desacuerdo con la enmienda.

Después se conocieron denuncias en el sentido de que Avendaño no acudió ese día a la votación en el Congreso en el marco de un aparente acuerdo con el gobierno para ausentarse a cambio de la designación de allegados suyos como notarios públicos.

Medina fue condenada en 2008 por la Corte Suprema a cuatro años de prisión por cohecho, mientras que Avendaño fue sentenciado a ocho años por el mismo delito. Otro ex congresista implicado en el caso, Iván Díaz, fue sentenciado a seis años de arresto por concusión.

Uribe fue elegido en 2002 y en 2006 se mantuvo en el cargo tras la polémica reforma constitucional que autorizó la reelección.