Justicia española procesó a siete ex DINA por asesinato de Carmelo Soria

MADRID.- La Justicia española procesó hoy a siete ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976, en plena dictadura militar chilena, y pidió su captura y extradición .

El juez encargado del caso, Pablo Ruz, acuerda además en el auto la búsqueda, detención e ingreso en prisión de los siete, entre ellos el ex director delegado de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, y el entonces jefe de la brigada Mulchén, el capitán Guillermo Humberto Salinas.

El resto de procesados son los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbé, el teniente René Quiloth Palma y el sargento José Ríos San Martín, todos ellos miembros de esa brigada, así como el jefe de la agrupación Quetropillán de la DINA, Michael Townley Welch.

Ruz imputa a todos ellos los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal y atiende así la petición del fiscal de la Audiencia Nacional de española Carlos Bautista, que consideró que la jurisdicción española es la competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva".

Según el magistrado, Contreras Sepúlveda, como jefe de la DINA, entidad que "sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Augusto Pinochet", fue quien ordenó a Salinas Torres "de forma directa" el secuestro y asesinato de Soria.

Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue secuestrado por agentes de la DINA, "instrumento de represión política de la dictadura militar", mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile el 14 de julio de 1976.

En el secuestro intervinieron los seis primeros procesados, que previamente habían realizado seguimientos para conocer sus costumbres.

Esta causa surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince exmilitares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el juez Baltasar Garzón admitió a trámite en 2001.