Ríos Montt antes de recibir su condena.
AFP
CIUDAD DE GUATEMALA.- El ex dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, calificó este viernes como un "show político internacional" su condena a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, y anunció que va a apelar la sentencia.
"Es un show político internacional que va afectar el alma del pueblo guatemalteco, pero nosotros tenemos paz porque nunca derramamos o nos manchamos las manos de sangre de nuestros hermanos", dijo Ríos Montt en su primera reacción, en medio de un revuelo de periodistas y familiares de víctimas de masacres que gritaban y aplaudían en la abarrotada sala de la Corte Suprema de Justicia.
En tono desafiante, visiblemente molesto, el general retirado, de 86 años, aseguró que los jueces no atendieron las pruebas que según lo exoneran ni el debido proceso. "En consecuencia los señores abogados tratarán de anular la sentencia de hoy", aseguró.
"Ahora me voy a preparar para irme a prisión, no se preocupen, no tengo mucha angustia, no tengo mucha pena", dijo con una risa irónica, para luego señalar que no obstante lo lamentaba por su familia.
"Pero de todas maneras de forma personal, no tengo angustia porque he cumplido con la ley (...) La única manera de tener paz es haciendo justicia y precisamente de eso adolecemos hoy", subrayó.
El ex dictador, quien gobernó entre 1982 y 1983 -uno de los períodos más álgidos de la guerra civil- dijo ser "el primero en lamentar la tragedia" por los muertos del conflicto.
Pero "también el primero que sacó la cara por el Estado y se dio cuenta de que había que resolver un problema nacional", afirmó Ríos Montt, al referirse a la guerrilla.
Ríos Montt fue hallado responsable de 15 masacres a manos del Ejército de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché, en el norte del país, durante su régimen de hierro entre 1982 y 1983, en tanto que su ex jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, fue absuelto de los mismos cargos.
Bajo el régimen del general Ríos Montt, quien llegó al poder tras encabezar un golpe de Estado en 1982, el Ejército aplicó la llamada política de "tierra arrasada" sobre poblaciones indígenas, a las que acusaba de colaborar con la guerrilla izquierdista, en el contexto de la Guerra Fría.
