Ella es Carolina Píparo, la mujer que sufrió la pérdida de su hijo tras el asalto ocurrido en 2010.
El Mercurio (archivo)BUENOS AIRES.- Un tribunal argentino condenó hoy a presidio perpetuo a cinco integrantes de una banda de delincuentes por el homicidio del bebé que gestaba la víctima de un robo ocurrido a la salida de un banco en 2010.
El Tribunal en lo Criminal número 2 de La Plata dictaminó que la muerte de Isidro, el bebé de siete meses que esperaba Carolina Píparo, no fue producto de un aborto sino de un homicidio, un fallo que sienta jurisprudencia en la legislación argentina.
"Fue un fallo ejemplar", aseguró ante los medios el fiscal de la causa, Marcelo Romero.
Los jueces desestimaron la tesis de la defensa, que pedía la absolución de los imputados al alegar que Píparo sufrió un aborto como consecuencia de las lesiones provocadas por un disparo de bala en su rostro.
Carlos Moreno, identificado por la víctima como el autor material del disparo, fue uno de los condenados a cadena perpetua.
Además, recibieron la misma pena Miguel "Pimienta" Silva, acusado de "marcar" a la víctima en el banco; el conductor de la moto que la interceptó, Luciano López; y Juan Manuel Calvimonte y Carlos Jordán Juárez.
Dos de los imputados, Carlos Burgos y Augusto Claramonte, fueron absueltos por el tribunal.
Píparo se mostró "más que conforme" con el fallo y aseguró estar "profundamente agradecida a los jueces y a los médicos que hicieron lo imposible por salvar la vida de Isidro" y que salvaron la suya.
Sin embargo, la demandante pidió que se haga justicia también para "las miles de familias a las que también han arruinado su vida" en otros robos similares.
Los hechos ocurrieron en julio de 2010, cuando Píparo, acompañada de su madre, retiró dinero de una sucursal bancaria y antes de llegar a su casa fue interceptada por dos asaltantes y luego baleada, lo que motivó una cesárea de urgencia para dar a luz a Isidro, que falleció una semana después.
Este trágico asalto provocó una gran conmoción en la sociedad argentina y motivó la aprobación de una nueva ley de entidades financieras que obligó a los bancos a reforzar las medidas de seguridad de los clientes.