NUEVA DELHI.- La Policía de Bangladesh ha puesto bajo arresto judicial al exalcalde del municipio en el que el pasado abril ocurrió el derrumbe de un complejo textil que causó 1.127 muertos.
Mohamed Refatulá, que fue detenido en su domicilio este martes, había sido destituido a principios de mayo de su cargo al frente de la alcaldía vecina a Dacca de Savar por "negligencia" e "inacción".
"El departamento de investigación criminal ha encontrado pruebas en su contra para sustentar una acusación. Refatulá ha ingresado en prisión a la espera de juicio", explicó el superintendente de la policía metropolitana de Dacca, Habibulá Rehmán.
El Ex edil, que había sido alcalde de Savar durante casi tres periodos, es un líder del Partido Nacionalista (BNP), una de las dos formaciones que han dominado la escena política desde la creación del país en 1971 y actualmente la principal fuerza opositora.
La Policía argumentó en su momento que la destitución de Refatulá fue ordenada por el Ministerio de Gobiernos Locales y Desarrollo Rural.
Al despedido alcalde se le acusa de haber cometido "irregularidades" al aprobar el diseño del edificio, que contaba con nueve plantas y albergaba a miles de trabajadores en distintos talleres textiles que producían para importantes marcas extranjeras.
Además, no sancionó la clausura del inmueble pese a que la Policía había advertido un día antes del siniestro de la aparición de grietas en la estructura.
El siniestro de Savar, el peor de la industria textil en la historia del país, causó la muerte de 1.127 personas y heridas a 2.438.
La operación de rescate de cadáveres y desescombro duró casi tres semanas y puso así en la palestra la precaria situación del sector, que tiene la mano de obra más barata del planeta.
El Gobierno de Bangladesh, representantes de la industria textil y sindicatos firmaron ayer un acuerdo para aumentar la supervisión y seguridad en las fábricas del ramo.
A principios de mes unas setenta marcas de ropa multinacionales habían acordado ya implementar el acuerdo mientras este se negociaba.
Además, el pasado día 15 el Parlamento nacional aprobó una enmienda a la ley laboral que obliga a los empresarios del sector industrial a mejorar las condiciones de sus trabajadores, con la posibilidad de afiliarse libremente a sindicatos y la creación de un fondo de ayuda a la calidad de vida de los empleados.