BOGOTÁ.- Los representantes del Gobierno de Colombia en la negociación de paz con la guerrilla de las FARC regresarán a Cuba para reanudar el diálogo con ese grupo rebelde, informó el sábado el jefe del equipo gubernamental, una decisión que pone fin a la amenaza de crisis en el proceso con el que se busca acabar el conflicto interno del país andino.
La decisión la tomó el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, después de una reunión con los integrantes de su equipo de negociadores a quienes llamó el viernes a Bogotá para evaluar la determinación de la insurgencia de hacer una pausa en el proceso para evaluar una iniciativa gubernamental.
"El presidente nos ha instruido sobre la decisión de regresar el día de mañana a La Habana para continuar las conversaciones en torno a la búsqueda de la terminación del conflicto", dijo en una declaración a periodistas el jefe del equipo de negociación del Gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle.
El jefe negociador precisó que el Mandatario tomó la decisión después de que verificó que los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) regresarán el lunes a la mesa de conversaciones en La Habana.
"Se constató rigurosamente que las FARC han tomado la decisión de regresar el lunes a las ocho y media de la mañana a la mesa de conversaciones para continuar normalmente con las deliberaciones", precisó de la Calle.
Santos envió el jueves al Congreso un proyecto que permitiría someter a un referendo el eventual acuerdo de paz que pueda alcanzarse con el grupo rebelde, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
La insurgencia que propone una Asamblea Constituyente para refrendar el eventual acuerdo, anunció el viernes que haría una pausa en la negociación para analizar el alcance de la propuesta, a lo que el presidente reaccionó llamando a Bogotá a sus negociadores, no sin antes advertir que en el proceso las FARC no son las que ponen las condiciones.
Gobierno destaca gesto de las FARC
De la Calle destacó que el grupo rebelde hubiera aceptado esta semana por primera vez su responsabilidad en el conflicto y mostrado su disposición a participar en un proceso de compensación de las víctimas.
El Gobierno de Santos y las FARC iniciaron en noviembre del 2012 una negociación de paz con la que se busca poner fin al conflicto interno de casi medio siglo que ha dejado más de 200.000 personas muertas y millones de desplazados.
Las partes lograron en mayo un acuerdo parcial sobre el tema agrario, que incluye el acceso a la tierra para los campesinos y políticas para reducir la pobreza y otros problemas sociales en el sector rural, demandas por las que surgió el grupo rebelde en la década de 1960.
Actualmente, las partes discuten las garantías para que los guerrilleros depongan las armas y se integren a la vida política como un partido.
Siguiendo la agenda pactada, ambas partes después deberán abordar el narcotráfico, la compensación a las víctimas de la violencia y el fin de la confrontación.
En los diálogos la insurgencia ha insistido en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para ratificar los eventuales acuerdos de paz, pero el Gobierno ha rechazado la idea con el argumento de que no es el mecanismo adecuado.
El Gobierno sostiene que la propuesta de la guerrilla abre paso a una reforma constitucional y que no se está negociando con la insurgencia el modelo político ni económico del país de 47 millones de habitantes.
Si bien las FARC han sido debilitadas por más de una década de ofensiva militar y en la actualidad cuentan con unos 8.000 combatientes, desde los 17.000 que llegaron a tener a fines de la década de 1990, aún mantienen la capacidad de realizar ataques de gran impacto contra las Fuerzas Armadas y la infraestructura económica del país.
En una señal de que la confrontación no da tregua, 13 militares murieron el sábado en un ataque de las FARC en el departamento de Arauca, una próspera región ganadera y petrolera del noreste del país, fronteriza con Venezuela.
La negociación se cumple en medio de la confrontación ante la negativa del Gobierno de firmar un cese del fuego como lo propuso el grupo guerrillero con el argumento de que podría aprovecharlo para sacar ventaja militar y prolongar indefinidamente el proceso.