SAN JUAN.- Las pequeñas economías del Caribe comienzan a plantearse la legalización, o al menos despenalización, del consumo y tenencia de marihuana, con Puerto Rico a la cabeza de todas ellas, ya que la semana próxima se iniciará su estudio en el Senado estatal.
En cuestión de unas semanas en Puerto Rico se ha generado un encendido debate sobre la pretendida despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de cannabis, así como de la legalización de su venta y consumo con fines medicinales.
Las tertulias radiofónicas y televisivas abordan estos días constantemente el asunto y cada vez son más las figuras locales de distintos ámbitos que reconocen abiertamente haber consumido marihuana y piden una flexibilización de la legislación.
"Dejémonos de hipocresías", decía esta semana Miguel Pereira, el senador del partido gobernante en Puerto Rico que ha presentado la propuesta de despenalizar la tenencia de una onza (28 gramos) de una planta que se cree que en la isla podría ser más consumida incluso que el tabaco.
El próximo martes se celebrarán las primeras vistas públicas en el Senado boricua para escuchar a las partes interesadas y comenzar así a estudiar esta propuesta de enmendar la ley vigente, que establece penas de hasta 5.000 dólares de multa y tres años de prisión para quien, "a sabiendas o intencionalmente, posea alguna sustancia controlada".
Pereira, el impulsor de la iniciativa, ha sido fiscal federal por doce años, jefe de la Policía de Puerto Rico y secretario de prisiones, entre otras responsabilidades en el ámbito público.
Además de Puerto Rico, muchas otras economías insulares del Caribe sopesan la posibilidad de flexibilizar la legislación relativa al cannabis, tanto para reducir gastos policiales, judiciales y de prisiones, como para aumentar los ingresos que se podrían obtener por impuestos si se vende dentro de la legalidad.
Así, Santa Lucía lleva tiempo trabajando en ello, al igual que Jamaica, uno de los principales proveedores de marihuana del Caribe, donde incluso se ofrece a los turistas visitas guiadas a plantaciones ilegales.
Allí aumenta la presión sobre la primera ministra, Portia Simpson Miller, para que regule lo que podría ser una gran fuente de ingresos por impuestos y turismo, y ayudaría a reducir la corrupción policial y los gastos asociados a perseguir penalmente su venta y consumo.
Incluso, el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, ha propuesto a su homóloga de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, que, en su calidad de presidenta de la Comunidad del Caribe (Caricom), impulse un debate sobre la legalización de la venta y consumo de marihuana con fines medicinales.
"Creo que ya es hora de que Caricom aborde a nivel regional este asunto de una manera sensible, centrada y sin histerismos", apuntó Gonsalves es una carta hecha pública esta semana.
