LA PAZ.- La Cancillería de Bolivia dio un plazo de tres meses para que la organización no gubernamental IBIS de Dinamarca cierre todos sus proyectos en el país o los transfiera, informó hoy la institución afectada a través de un comunicado.
El ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció el 20 de diciembre la expulsión de la organización danesa cuyos proyectos de cooperación, ejecutados desde hace 40 años, estaban dirigidos especialmente a favorecer a los habitantes indígenas.
De acuerdo con la autoridad, la ONG sobrepasó su mandato y cometió injerencia política en asuntos internos del país, una acusación que IBIS ha negado, aunque solicitó una reunión con el gobierno boliviano para corregir los posibles errores.
La Cancillería boliviana oficializó, no obstante, la denuncia al convenio de cooperación con IBIS con "un periodo de gracia" hasta el 26 de marzo para que cierre sus proyectos o los transfiera.
Según el diputado Galo Bonifaz, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), "hay otras seis ONG ambientalistas que están en la mira" y que pueden ser expulsadas.
"Esperábamos que el Estado, a través de la Cancillería, acepte nuestra solicitud de diálogo y revisar los textos donde IBIS cometió injerencia política", dijo hoy la directora de la institución en Bolivia, Ximena Valdivia, en contacto con los periodistas.
La ONG danesa consideró que su expulsión afectará a unos 76.500 indígenas.
Susana Eróstegui, directora ejecutiva de la red Unitas, que agrupa a todas las ONG que operan en Bolivia, admitió el domingo pasado que "por miedo, las ONG dejaron de ser críticas con el gobierno".
"Es una posición cómoda. Es un clima de temor. Por sobrevivir uno a veces se calla, seguro eso pasa", dijo al diario "Página Siete" de La Paz.
En Bolivia operan al menos 350 organizaciones no gubernamentales en los nueve departamentos, la mayoría dedicadas a prestar ayuda en el área rural.