Vicepresidente argentino declarará ante la justicia por acusaciones de corrupción

BUENOS AIRES.- El Vicepresidente argentino, Amado Boudou, deberá declarar como imputado ante la justicia el 15 de julio por supuesto tráfico de influencias, en un hecho inédito para alguien con ese cargo en ejercicio, informó este viernes el Poder Judicial.

El juez federal, Ariel Lijo, lo investiga por una gestión que habría realizado en 2010, cuando era ministro de Economía, ante la agencia de recaudación fiscal (Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP) para evitar la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica, la única imprenta de billetes y documentos oficiales, ahora expropiada por el Estado.

Según las acusaciones, Boudou habría utilizado su cargo de ministro para beneficiar a los accionistas que tomaron el control de Ciccone evitando la quiebra, lo que fue negado por su defensa.

En la citación, divulgada por el Centro de Información Judicial de la Corta Suprema, el juez Lijo considera procedente la indagatoria al sospechar que "Boudou aprovechó su condición de funcionario público" para favorecer a la empresa.

Además, sospecha que "Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía (del ex Presidente Néstor Kirchner), a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial", según consta en el escrito.

Vandenbroele y Carmona son dos de los accionistas involucrados, al igual que Rafael Brenner, Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone, todos comprendidos en la citación judicial.

"Esto significa que hay elementos suficientes para suponer que -el vicepresidente- incurrió en una conducta que puede ser reprochada judicialmente", dijo al canal de televisión TN el fiscal federal Jorge Di Lello, que interviene en la causa.

Di Lello dijo que Boudou "está imputado y no acusado" al aclarar que se trata de un paso procesal previo a una acusación penal.

Por último, añadió que el vicepresidente "no puede declarar por escrito", por lo que deberá acudir al juzgado el próximo 15 de julio.