GAZA.- Los funcionarios del sector público en la Franja de Gaza han declarado hoy un huelga general en protesta por el impago de los salarios a los empleados del gobierno del movimiento islamista Hamás desde mediados del año pasado.
La huelga, que afectará a todas las instituciones públicas, incluye el paro de decenas de miles de funcionarios durante toda la jornada, informaron fuentes del sindicato que reúne a los funcionarios.
Con esta huelga quieren protestar en contra de que el gobierno de conciliación nacional que se formó el pasado junio aún no haya resuelto el problema de quién se hace cargo del pago de los cerca de 50.000 empleados del que fuera el gobierno de Hamás en la Franja hasta junio de 2014.
Ese mes, las negociaciones de reconciliación entre los movimientos nacionalista Al Fatah y el islamista Hamás condujeron a un gobierno de unidad que, después de siete años, puso fin al ejecutivo del primer ministro Ismail Haniye en Gaza.
Sus competencias fueron oficialmente traspasadas al gobierno que encabeza Rami Hamdala desde Ramala, aunque la cuestión de quién debía pagar los sueldos de los funcionarios contratados por Hamás entre 2007 y 2014 nunca fue resuelta.
Paralelamente, los 70.000 funcionarios del que fuera el gobierno de la ANP en Gaza hasta 2007 sí han sido retribuidos, a pesar de que la inmensa mayoría ni siquiera trabajaba.
En los últimos meses los funcionarios del gobierno islamista han convocado sucesivas protestas para denunciar este limbo legal y laboral, cuyas consecuencias se han visto paliadas porque el gobierno de Catar ayudaba económicamente a mantenerlos.
En declaraciones a la agencia palestina Maan, el portavoz del sindicato Jalil al Zayan explicó que la huelga denuncia esta vez la falta de seriedad por parte del gobierno de Hamdala a la hora de cumplir compromisos adquiridos y volcó todas las consecuencias de la crisis en el gobierno de unidad.
El impago de salarios a los funcionarios de Hamás ha despertado el fantasma de un posible enfrentamiento interno, ya que éstos han estado trabajando sin cobrar y bajo el temor de ser reemplazados por los que, de cualquier forma, el gobierno de Ramala ha estado pagando estos últimos ocho años.