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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 02:07
MONTEVIDEO.- El gobierno de Tabaré Vázquez creó un grupo que investigará las denuncias contra el Estado uruguayo por crímenes de lesa humanidad entre 1968 y 1985, período que abarca la dictadura militar que comenzó en 1973.
El llamado "Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia" fue creado anoche por decreto del presidente Vázquez y funcionará en el ámbito de la Presidencia, según informó el Ejecutivo en un comunicado.
El principal objetivo de ese grupo será "investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado", señala el decreto presidencial.
El grupo se ocupará de seguir investigando denuncias correspondientes a casos ocurridos entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
En esa fecha de 1968 empezaron a regir las llamadas "medidas prontas de seguridad", equivalentes a un estado de emergencia, en un contexto de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y las guerrillas.
El periodo que se investigará incluye el de la dictadura, entre 1973 y el 1 de marzo de 1985, cuando asumió Julio María Sanguinetti como presidente electo por la ciudadanía y puso fin al gobierno de facto.
El decreto -que lleva la firma de los ministros que integran el gabinete de Vázquez- señala que este grupo contribuirá a "dar luz a esos hechos en pos de la verdad histórica y promover la justicia en el marco del estado de Derecho".
Señala que "están presentes aún las consecuencias de la acción ilegítima y del terrorismo de Estado sufrido por el país" en esos años.
El equipo estará compuesto por siete integrantes nombrados por Vázquez, que buscan representar a diferentes sectores sociales del país, incluyendo familiares de víctimas y organizaciones contra la discriminación hacia la población negra, hasta colectividades religiosas.
Uno de los integrantes del grupo, Felipe Michelini -hijo del asesinado legislador Zelmar Michelini- dijo que considera esta iniciativa "un paso más contra la cultura de la impunidad", pero aseveró que no será una "varita mágica" para resolver casos que datan de hace tantas décadas.
Este grupo, en tanto, buscará "organizar" todos los testimonios de quienes "deseen prestarlo voluntariamente" y relevar aquellos ya existentes y registrados "dentro o fuera del territorio nacional", según sus cometidos fijados en el decreto oficial.
