LA PAZ.- Una serie de protestas y demandas que van desde una nueva sede para la petrolera estatal hasta la aprobación inmediata de una nueva ley de hidrocarburos abarcó hoy a seis de los nueve departamentos de Bolivia.
Los habitantes de Camiri, 1.500 kilómetros al sureste de La Paz, tomaron hoy la principal planta de distribución de petróleo y amenazan con cerrar sus válvulas, exigiendo que esa pequeña ciudad sea sede de la petrolera estatal.
La protesta comenzó el martes con una huelga general y un bloqueo de todos sus caminos, entre ellos el que une a esa ciudad con Yacuiba, en la frontera con Argentina.
Los algo más de 30.000 habitantes de Camiri exigen que en la nueva ley de hidrocarburos se incluya una cláusula para que esa ciudad sea sede de la petrolera estatal a ser refundada.
La Cámara de Diputados aprobó hasta ahora 80 de los más de 140 artículos de la nueva ley, que contempla la refundación de la petrolera estatal, que quedó virtualmente desmembrada cuando el estado distribuyó entre empresas privadas extranjeras sus operaciones.
Camiri fue hasta los 60 principal distrito productor de petróleo. Allí funcionó la primera refinería del país, que ahora está virtualmente paralizada, por el agotamiento de los pozos.
En los últimos años, sin embargo, en esa región se encontraron los principales yacimientos de gas, de los cuales se realizan ahora las exportaciones a Argentina y Brasil.
La población de Camiri encabeza, también, una corriente autonomista que exige que el Chaco boliviano (en el sur, conformado por provincias de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz) sea declarado décimo departamento, para que las eventuales exportaciones de gas beneficien directamente a esa región.
Los pobladores de Entre Ríos, 250 kilómetros al noroeste de Santa Cruz, amenazan a su vez con cerrar mañana las válvulas del gasoducto que transporta el energético a La Paz si en la nueva ley de hidrocarburos no se les garantizan regalías de 40 por ciento por la producción de gas en su territorio.
Con el mismo argumento bloquean el camino a Cochabamba, en Yapacaní, 300 kilómetros al norte de Santa Cruz.
A esas protestas se suman las de otras regiones por distintos motivos en seis de las nueve capitales de departamento.
En La Paz, las Juntas Vecinales de El Alto iniciaron hoy un nuevo paro para exigir la inmediata expulsión de Aguas del Illimani, empresa de capitales franceses cuyo contrato se comprometió ya el gobierno a rescindir, tras las protestas de los mismos vecinos en enero.
La policía reprimió al mediodía de hoy con gases y balines de goma para dispersar a grupos de manifestantes que intentaban tomar los puestos de peaje en la autopista hacia La Paz y cerrar el tránsito de vehículos hacia el aeropuerto internacional.
En un esfuerzo por recuperar su autoridad, el gobierno ratificó por la tarde al Superintendente de Servicios Básicos, Erico Navarro, cuya destitución exigen los vecinos de El Alto.
Navarro denunció que la demanda de expulsión de la empresa que atiende el servicio de aguas potables y alcantarillado en La Paz y El Alto se basó en datos falsos sobre presunto incumplimiento de un contrato firmado hace siete años y con 40 de vigencia.
En el sur del país, los caminos del departamento Potosí están bloqueados por campesinos que exigen la pronta aprobación de la nueva ley de hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Con el mismo argumento, campesinos de Chuquisaca bloquearon hoy los cuatro caminos que conectan a Sucre, la capital oficial del país, 750 kilómetros al sureste de La Paz, con el resto del territorio.
A 141 kilómetros al norte de La Paz, campesinos de Lahuachaca bloquean el camino a Oruro exigiendo la apertura de un instituto de formación de maestros rurales.
En La Paz, 630 maestros recién egresados están en huelga de hambre exigiendo puestos de trabajo y un grupo de ellos, semidesnudos, se instaló hoy en una iglesia céntrica.
El bloqueo del camino a Oruro dejó incomunicada por tierra a La Paz con el interior del país y decenas de vehículos de transporte interurbano están imposibilitados de seguir hacia su destino entre ambas ciudades.
"Apagamos un incendio y se encienden dos. Hay demandas y exigencias imposibles de atender, porque no dependen sólo de la buena voluntad o decisión del gobierno", se quejó Gregorio Lanza, director de Prevención de Conflictos.
