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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 18:50
BOGOTÁ.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia anunció el viernes la apertura de una investigación preliminar contra la presidenta del Congreso, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.
La causa fue abierta por la Sala de Casación Penal del alto tribunal, que desde finales de 2006 ha procesado a 62 parlamentarios del país, la mitad de ellos detenidos, en todos los casos por mantener o haber mantenido relaciones con la ultraderecha armada.
"La investigación previa tiene como objetivo evaluar algunas informaciones o señalamientos que se han hecho sobre la posible relación de la senadora con grupos armados al margen de la ley", explicó la CSJ en un escueto comunicado divulgado en Bogotá.
El Supremo informó de la decisión un día después de que la ex parlamentaria Rocío Arias compareciera ante el alto tribunal, del que ella es testigo en causas contra varios de sus antiguos colegas vinculados con el llamado escándalo de la "parapolítica", de nexos con las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Arias fue integrante de la Cámara Baja de 2002 a 2006, año en el que fracasó en su intento de reelección como parlamentaria, condición en la que asumió la defensa del proceso de paz del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe con las AUC, que se desarticularon a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares.
La ex congresista, cercana a las AUC, aseguró el jueves que la presidenta del Congreso tuvo apoyos de los paramilitares para su elección como legisladora.
La acusación fue confirmada por "El Pájaro", alias de Jonh Freddy Gallo, ex jefe paramilitar en Cundinamarca, departamento del que Bogotá también es capital y en el que la senadora Gutiérrez realiza su actividad política.
El mismo jueves, la presidenta del Congreso rechazó las imputaciones, que atribuyó a una campaña de desprestigio de su ex esposo y de la senadora opositora Piedad Córdoba, con quien mantiene una fuerte polémica en el Legislativo.
La presidenta del Congreso pertenece al partido Cambio Radical (CR), de la coalición que respaldó la continuidad de Uribe, reelegido en 2006 para un segundo mandato de cuatro años.
La mayoría de los parlamentarios vinculados con la "parapolítica" pertenecen a dicha coalición, mayoritaria en el Congreso.
El escándalo se desató en noviembre de 2006, época en que salió a la luz un acuerdo firmado a mediados de 2001 por congresistas y otros funcionarios con mandos de las AUC, y en el que las partes asumieron el compromiso de "refundar la patria" y suscribir un nuevo "pacto social".
