Puerto Rico: Un desafío diferente

SAN JUAN.- Cuando se sitúa la mirada en países como Venezuela, Ecuador o Cuba donde la libertad de prensa y de expresión es coaccionada constantemente de diversas formas, Puerto Rico parece engrandecerse porque ciertamente posee un ambiente distinto, propenso para el flujo de información y la plena libertad en la cobertura noticiosa, concurren directivos de organizaciones periodísticas del país. 

Cobijada bajo la Sección 4, Artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado  y la Carta de Derechos de  los Estados Unidos,  existe en la Isla la libertad de prensa y de expresión, y se prohibe su restricción.

Sin embargo, la existencia de tales derechos no es sinónimo de plena libertad para informar, investigar e indagar. Más bien, implica un reto mayor para la prensa puertorriqueña, aseguran expertos del área consultados por El Nuevo Día.

“Sin ánimo de querer crear comparaciones exageradas, la desaparición física de un periodista y el esfuerzo por sacarlo de carrera, desprestigiarlo y callarlo, tienen al final el mismo efecto de privar al pueblo del acceso a la información y a aquello que el poder no quiere que se conozca”, dijo el presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Rafael Lenín López.

La ausencia en Puerto Rico de asesinatos, secuestros y desapariciones de periodistas no impide una forma más sofisticada, pero igualmente nociva, de coacción de la libertad de prensa y de expresión. "Que nos lleva a levantar una señal de precaución y de atención", recalcó López. 

"En Puerto Rico sí hemos tenido que enfrentar situaciones de intimidación y de agresiones a la prensa. En ocasiones por fuerzas policíacas, proselitistas, del gobierno de turno, y de agencias federales como el FBI y militares, como la Marina", agregó la directora del Centro para la Libertad de Prensa, Helga Serrano.

Serrano explicó que se impide la cobertura de  eventos noticiosos utilizando las fuerzas del orden público o utilizando diferentes tácticas dilatorias. Ejemplo de esto se vivió durante los actos de desobediencia civil en la isla municipio de Vieques (2000-2006), en un allanamiento realizado por el Negociado Federal de Investigaciones contra una mujer independentista (2005) y el arresto de un fotoperiodista  mientras cubría un secuestro en un centro comercial (2004).

Para la década del 90 -mientras fue gobernador Pedro Rosselló- su director de la Oficina de Comunicaciones, divulgó información falsa a la prensa sobre un operativo e igualmente envió una carta al periódico norteamericano Miami Herald en la que expresaba su total menosprecio a la prensa puertorriqueña.

Más reciente, el gobierno de turno mantiene un hermetismo mortal para los eventos noticiosos, dijo López. Tanto López como Serrano indicaron que en la Isla la cobertura noticiosa recae en gran medida en la operación del gobierno.

"Uno de los reclamos recientes de las organizaciones periodísticas al gobierno es para que deje a  un lado el obstáculo al que se enfrentan muchos compañeros(as) porque muchos funcionarios están operando el servicio publico como si fuera la empresa pública de donde vienen", dijo el presidente de la ASPPRO.

Precisó que las peticiones de los periodistas por información, entrevistas y acceso a documentos o agencias públicas son muchas veces desoídas, ignoradas o dilatadas perjudicando así a todo un pueblo. La administración del gobernador Luis Fortuño dificulta a los periodistas el acceso a documentos públicos e incluso a jefes de agencias, añade López. "Esos reclamos se hicieron a principios de año y todavía no hay una respuesta precisa, han habido reuniones".

A esto se añade que en septiembre de este año, en manifestaciones sociales y sindicales con motivo del despido de miles de empleados públicos, los periodistas y fotoperiodistas recibieron macanazos y empujones por parte de la Uniformada frente a La Fortaleza, la residencia del Gobernador, dijo López. 

“Además, está el atropello verbal al que  continuamente han sido sometidos los periodistas por parte del presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz), quien opera el Senado como una finca privada”, enfatizó López.

Precisamente, el Presidente senatorial es uno de cinco autores de un proyecto de ley que solapadamente atenta contra libertad de prensa. El proyecto de ley del Senado 1290 titulado “Ley de Delitos Electrónicos en la Internet” tiene una cláusula que penaliza con seis meses de cárcel y/o multa  de hasta $5,000 a quien mediante manera electrónica "obtenga información que ha sido determinada por el gobierno como confidencial y privilegiada, y cuya divulgación no está autorizada por razones de orden público, seguridad o cualquier otra motivación con la intención o razones para creer que tal información así obtenida será utilizada para hacerle daño al gobierno".

Al momento, el proyecto no ha sido aprobado en ninguno de los dos cuerpos legislativos. Fue presentado en el Senado el pasado 29 de octubre y las organizaciones periodísticas se preparan para combatirlo.