Una ley de medios se discute en Ecuador bajo la presión de Correa

QUITO.- La libertad de expresión y el derecho a ejercer el periodismo en Ecuador cambiarán de manera sustantiva el primer trimestre de 2010. Entre diciembre y marzo próximos, la Asamblea Nacional deberá aprobar una ley de Comunicación que, en las últimas semanas, ha despertado preocupación en la prensa independiente.

Desde que el presidente Rafael Correa adquirió liderazgo nacional, su discurso de confrontación incluyó a los medios de comunicación. Correa ha insistido en que el nuevo Ecuador requiere de un esquema de regulación y control de la comunicación social para superar lo que él define como los excesos de “una prensa mediocre”, “corrupta” o “malintencionada”.

De forma paralela, la Presidencia de la República ha incumplido  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde 2004. Allí se obliga a emitir un informe anual sobre las solicitudes que reciben las instituciones públicas y las que manejan fondos estatales, de parte de la prensa, otros organismos y ciudadanos.

Durante la promulgación de la actual Carta Política en 2008, estas convicciones se volvieron mandato constitucional. El artículo 19 de la Carta Magna, y su disposición transitoria primera, piden una ley que regule a la prensa.

El futuro documento, en consecuencia, se ha convertido en uno de los más polémicos de los últimos tiempos. No solo por el alcance de sus posibles controles y restricciones, sino por la forma en la que fue construido.

A inicios de septiembre, la Asamblea recibió tres propuestas de ley. Dos de ellas, la presentada por el denominado Foro de Comunicación y la que patrocinó el ex presentador de televisión y actual asambleísta del oficialismo, Rolando Panchana, tenían severas cortapisas al trabajo periodístico. Por ejemplo, este legislador proponía  que cuando un medio de comunicación y una persona investigada entren en una demanda legal por una publicación, no se podrá difundir ninguna nota o reportaje a futuro sobre el tema en cuestión, mientras el caso no tenga sentencia.

Elementos como este despertaron la alerta de los medios privados. Varios de ellos, como EL COMERCIO, iniciaron sendas campañas ciudadanas para alertar sobre los peligros que pudiera causar en la sociedad una ley mordaza. La preocupación aumentó porque el presidente Correa ha radicalizado su enfrentamiento, ofensas y amenazas contra los medios y periodistas críticos a su gestión.

Entre tanto, la Asamblea Nacional creó una comisión especial para analizar estos proyectos de ley y crear un nuevo documento que servirá de base del debate legislativo.

El sábado 20 de noviembre se entregó el proyecto, apoyado por los legisladores afines al Gobierno. Los asambleístas de oposición abandonaron las deliberaciones.

La presión de la opinión pública logró que el nuevo proyecto tenga menos restricciones contra la prensa de las que inicialmente se habían establecido. Sin embargo, los alcances de la futura ley de Comunicación son de pronóstico reservado. Primero, porque el Presidente, tras la aprobación de la ley, podrá objetarla pidiendo más o menos restricciones para la prensa.

En segundo lugar, porque el control estará a cargo de un Consejo integrado por seis vocales. Dos de ellos serán delegados directos de los ministros de Educación y de Cultura del Poder Ejecutivo. Los otros tres representan a la ciudadanía y serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana que, dado el escaso nivel de institucionalidad que vive el país, no garantizan una total independencia del oficialismo. El sexto vocal representará a las escuelas y facultades de comunicación social. Si bien, la propuesta final obvió el anhelo del oficialismo porque el Consejo de Comunicación lo integre un séptimo vocal, delegado del Presidente de la República, el Gobierno solo requerirá de dos votos más para hacer mayoría.

La preocupación de la prensa independiente, por tanto, tiene fundamento. Este Consejo tendría la potestad de aplicar sanciones administrativas, contra periodistas y medios, que van desde amonestaciones escritas hasta el retiro definitivo de la licencia de funcionamiento, pasando por multas económicas de entre uno y 50 salarios unificados.

Asimismo, los medios de comunicación quedarían sometidos a plazos muy cortos (48 horas después de las notificaciones) para presentar pruebas de descargo dentro de los procesos de rectificación o réplica, so pena de ser sancionados por el Consejo de Comunicación. El Consejo, además, busca crear un registro de medios para su funcionamiento y auditará tirajes y audiencias como parte de su plan de control.

Finalmente, el proyecto de Ley obliga a los medios a contratar comunicadores sociales profesionales para la elaboración de noticias y todo espacio de dirección editorial, dejando de lado otras profesiones y la tendencia a un periodismo especializado.