Colombia: El acoso contra la prensa se ha incrementado

BOGOTA.- Colombia es de los pocos países de América Latina en los que los periodistas no tienen, al menos a la vista, mayores cortapisas legales para ejercer su profesión, a pesar de que ellos siguen estando entre los más silenciados por cuenta de las amenazas y la violencia de los grupos armados ilegales y funcionarios corruptos.

Entre 1977 y el 2008 fueron asesinados 136 periodistas, en muchos casos tras denunciar actos de corrupción, temas relacionados con la mafia y la violencia de paramilitares y guerrilleros. Una situación que ha generado también decenas de secuestros y exilios.

En la Constitución del 91 quedaron plasmados los derechos de los periodistas a informar y al sigilo (reserva de la fuente), secreto profesional periodístico que ya había sido tratado en la Ley de Prensa de 1944.

La prensa en Colombia y sus garantías para informar están amparadas en el Articulo 20 de la Constitución, que contempla el derecho “de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Pese a esto, el periodista no cuenta con un respaldo legislativo para su oficio. En 1998, la Corte Constitucional eliminó la tarjeta profesional para los periodistas, argumentando que la exigencia de la misma era una forma de mordaza y censura y que el periodismo era más que una profesión, un arte.

En diciembre del 2004 el gobierno del presidente Álvaro Uribe expidió la última ley relacionada con la prensa, que no toca temas esenciales.

Pese a estas leyes, y aunque han disminuido los casos de homicidio y amenaza, en los últimos años el acoso contra la prensa se ha incrementado. En las regiones, especialmente, según los reportes de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, los periodistas se ven abocados a no concluir las investigaciones por presión, muchas veces, de autoridades y funcionarios públicos. En el  2005, por ejemplo, de las 64 amenazas reportadas ese año, el 90 por ciento obedecieron a publicaciones relacionadas con corrupción administrativa o paramilitarismo.

En los últimos años se ha incrementado un problema que incluso ha llamado la atención de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP: el uso de la tutela (mecanismo de amparo) para forzar rectificaciones o incluso para llevar a la cárcel a periodistas bajo cargos de delitos como injuria y calumnia, que son los usualmente alegados en las demandas contra medios de comunicación.

Los casos más frecuentes, en los que los tribunales actúan contra los periodistas, son los de la rectificación, interpuesta siempre a través del recurso de tutela. Esta medida ha llevado a ordenar el arresto de directores de medios de comunicación, por ser los responsables directos de las publicaciones.

La tutela –dijo la SIP—“es una herramienta indispensable para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y si bien es deber de todos respetar los fallos judiciales, éstos deben realizarse bajo los más estrictos parámetros de equidad y de justicia para evitar que la protección de unos derechos genere la vulneración de otros que, como en el caso de la libertad de información, gozan de especial protección constitucional".

Un caso emblemático es el del carcelazo ordenado por un juez penal de Bogotá contra el director de la revista SEMANA, Alejandro Santos, luego de que el magistrado José Alfredo Escobar exigiera la rectificación de un artículo publicado en su contra. Pese a que la revista rectificó dos veces la información, el funcionario argumentó que no se había hecho en las mismas condiciones de la publicación inicial.

La sanción ordenada fue de tres días de cárcel y una multa de tres salarios mínimos. Sin embargo, en la apelación, la Corte Constitucional consideró que la rectificación había cumplido con lo dispuesto por la ley y revocó la medida.

Por una columna de opinión sobre el mismo tema y publicada en la misma revista, el magistrado Escobar entuteló al periodista Mauricio Vargas. Finalmente, el recurso no prosperó, pero la polémica por la situación de Escobar, que por su cargo de magistrado es superior de los jueces ante los que ha presentado las demandas, se mantiene en el país. Incluso, recientemente la Procuraduría (Ministerio Público) le pidió a una comisión del Congreso colombiano que investigue a Escobar por supuesta presión a funcionarios judiciales que llevaban sus casos.

El magistrado sostiene que defenderá su derecho a la honra y el buen nombre que supuestamente le han sido afectados.

En los últimos años, algunos periodistas han denunciado el “acoso” del Gobierno: Daniel Coronel, director del noticiero de TV  Noticias Uno, y Hollman Morris, periodista independiente y director del Programa Contravía. Morris es uno de los periodistas seguidos ilegalmente por el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad colombiano.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa le ha pedido a la Fiscalía colombiana en diferentes oportunidades que reviva los procesos de los periodistas asesinados. En su informe del pasado mes de junio, la SIP denunció que los procesos judiciales por el asesinato de 16 periodistas en Colombia se encontraban suspendidos, archivados o habían sido objeto de resoluciones inhibitorias por parte de los fiscales.

“Estos procesos guardan varias semejanzas: son todos crímenes cometidos en las provincias colombianas entre 1993 y 2009, cuyas investigaciones fueron asumidas por fiscales regionales o seccionales”, señaló la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP.

Y en la pasada Asamblea del organismo, las directivas denunciaron que en Colombia se habían estancado 26 casos de homicidios de periodistas, la Corte Suprema de Justicia había fallado, en abril, en contra de la revisión del crimen del periodista Nelson Carvajal Carvajal, caso que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otro caso emblemático es el del periodista Jota Everardo Aguilar. La semana pasada, el Juez Primero de Popayán absolvió a Arlet Manquillo Rivera, acusado por la Fiscalía de su asesinato. El crimen ocurrió en El Bordo (Cauca) el pasado 24 de abril, y la hija del periodista lo reconoció como el autor del crimen.