LABOR DE LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
A diferencia de lo que aconteció en el curso del año 1999, en que la Corporación Administrativa del Poder Judicial presentó ciertas dificultades, a causa de una deficiente gestión en la aplicación de su presupuesto, de responsabilidad de la directiva de esa época, la que debió ser reemplazada por la actual, esta Corporación, en cambio, en el curso del año de esta cuenta, desarrolló una actividad dinámica, sana y eficiente en la aplicación de sus recursos financieros, lográndose resultados reales en las metas trazadas y gestión en general.
El Consejo Superior de la Corporación, que me corresponde presidir y que integran, además, los Ministros señores José Benquis C., Ricardo Gálvez B., Enrique Tapia W. y Urbano Marín V., realizó 22 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, todas ellas de una duración no inferior, en promedio, a 4 horas, efectuadas fuera del horario de esta Corte Suprema, sin comprometer nuestra asistencia al horario ordinario de este Tribunal.
La preocupación primordial del Consejo estuvo abocada a planificar, organizar e implementar políticas y procedimientos, en orden a desarrollar una administración eficaz, para lo cual contamos con la asesoría técnica y eficiente del señor Director, ingeniero comercial, don Miguel Sánchez Brito y de los respectivos Departamentos de Finanzas y Presupuesto, Informática y Computación, de Recursos Humanos y de Adquisiciones y Mantenimiento, y de la Contraloría Interna.
En el curso del año pasado se efectuaron numerosas obras de mantención, instalaciones y reparaciones de tribunales a lo largo de todo el país, que ascendieron a M$556.437 millones.
Se han continuado las obras de reparación y restauración al interior de este Palacio de Tribunales.
En infraestructura se produjo un incrementó de un 37% en la inversión realizada en relación con el año 1999, particularmente para la aplicación de la Reforma Procesal Penal, donde en la IV Región se invirtieron M$1.167.399 en las obras de La Serena, Coquimbo, Illapel, Combarbalá y Los Vilos, correspondiendo estos últimos a dos Juzgados mixtos y proyectos ya terminados. En la IX Región se realizó una inversión de M$895,3 iniciándose las obras de los futuros juzgados para la Reforma, de Villarrica, Loncoche, Angol, Victoria, Nueva Imperial, Lautaro, Toltén, Pitrufquen, Traiguén y Carahue, correspondiendo en estos dos últimos casos, a Juzgados mixtos y proyectos ya terminados.
Los inmuebles que debieron arrendarse y remodelarse en la IV Región, para la instalación provisoria de los nuevos tribunales, mientras se completan las obras de sus inmuebles definitivos, demandaron una inversión de M$75.00. Para la IX Región esta misma inversión alcanzó la cifra de M$405.714.
En términos globales, la realización de los proyectos de obra, implementación y de operación para la Reforma Procesal Penal en las Regiones pilotos, significa una inversión y compromiso de inversión del orden los M$7.437.
Para la segunda fase de aplicación del nuevo sistema penal, correspondiente a las Regiones II, III y VII, que debe empezar a funcionar a partir del mes de octubre del presente año, se realizaron significativas inversiones en adquisición de terrenos y propuestas de diseño para la construcción de los futuros tribunales.
En mi cuenta de 1° de marzo del año pasado, señalé que la construcción de los inmuebles para las Cortes de Apelaciones de Talca y Valdivia se iniciarían en el 2° semestre de ese año, no obstante, ello no fue posible por retrasos de organismos externos en la revisión en las etapas de diseño. De acuerdo con los nuevos plazos fijados para esas construcciones, se espera tener concluido el correspondiente a la Corte de Apelaciones de Valdivia en el mes de junio del próximo año y el de la Corte de Apelaciones de Talca en febrero de 2003.
En el área Informática, se prosiguió con la implementación del sistema de apoyo a la tramitación penal en los juzgados del crimen de Santiago y se efectuó la instalación de una nueva versión de distribución de causas e implementó el sistema de oficina de partes y registro de resoluciones en la Corte de Apelaciones de Concepción.
Se desarrolló el sistema de apoyo de los juzgados de Garantía y tribunales Orales en lo Penal, para su aplicación en las Regiones pilotos, cubriendo los siguientes rubros: ingreso y distribución de causas, atención de público, custodia y gestión, cuyas funcionabilidades deben estar completadas en el mes de mayo próximo.
En este orden, se evaluaron los tipos de tecnología más adecuados para implementar el registro de audiencias en los nuevos juzgados, desde el punto de vista técnico y económico, resolviendo el Consejo implementar, provisoriamente, en una primera etapa de transición, un sistema de audio más transcripción de las audiencias.
Con satisfacción puedo informar que a contar desde hoy día, 1° de marzo, esta Corte Suprema contará con un portal en Internet e inaugurará su página Web.
La información que privilegiaremos por esta vía, en su inicio comprenderá las tablas e instalaciones de las Salas de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, con monitoreo de las causas; lo medular de las sentencias dictadas por esta Corte y Cortes de Apelaciones, así como información acerca del estado de tramitación de las causas en los juzgados civiles de Santiago. Asimismo, mantendremos información actualizada y permanente acerca del personal judicial, movimiento y designaciones que se efectúen. Me complace destacar que en estos logros y en el desarrollo tecnológico que hemos alcanzado, le ha correspondido al Ministro y Consejero del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, don José Benquis Camhi una activa y relevante participación.
La Corporación Administrativa durante el año 2000, cumplió sus metas trazadas, en cuanto a la formulación del plan informático, desarrollo de una planificación estratégica, de un catastro nacional de bienes inmuebles del Poder Judicial y la elaboración e implementación de procedimientos presupuestarios y contables, para la adecuada administración de los recursos asignados.
Debo resaltar que la magnitud de la labor y de la inversión que demanda y que exigirá para las fases siguientes la implementación del nuevo sistema penal, deja de manifiesto que la Corporación Administrativa del Poder Judicial tendrá que incrementar su dotación y deberá continuar profundizando la profesionalización de su gestión, lo cual obligará a aumentar significativamente los recursos presupuestarios.
