SANTIAGO.- El gobierno y la CUT confrontaron hoy de manera franca, y por momentos áspera, sus planteamientos sobre las privatizaciones de empresas publicas, en un dialogo entre el ministro de Economía, José de Gregorio, y cerca de 500 dirigentes de los trabajadores de organismos públicos.
La reunión convocada por la coordinadora de defensa de las empresas del Estado, que preside el dirigente de Correos Juan Arcos, reunió también a los senadores de la Concertación, Jaime Gazmuri y José Ruiz de Giorgio.
El ministro expuso en términos generales el proceso de cambio legislativo que tendrán las empresas publicas, "el que recién esta comenzando", según informó.
Aseguró que el objetivo del gobierno es "tener empresas eficientes, con una admistración efectiva y trasparente, que sean fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros y auditadas por empresas externas, que conduzcan a darles mayor valor económico".
Agregó que la creación de estatuto de las empresas públicas "no significa que vamos a traspasar la propiedad mayoritaria, que significa el control, porque queremos que la administración sea ejercida por un comité de Corfo para que se definan las responsabilidades de los directores, ya que cada vez que se comete un error cuesta encontrar a los culpables".
Junto con explicar que no está definida la propiedad futura de las empresas en poder del Estado, y que la incorporación de capital privado se resolverá en cada caso, en momentos en que el ministro anunció su intención de retirarse del local de la CUT, por tener otros compromisos, "ardió Troya".
Comenzó una rechifla general y un dirigente encaró al ministro: --El gobierno siempre hace lo mismo. Viene un ministro, deja su mensaje y se va. Queremos respeto para los trabajadores y por ello le pedimos que se quede y nos escuche. --A cada momento estamos escuchando y por eso estoy aquí se defendió el ministro, quien accedió a responder a preguntas directas de los trabajadores.
Estas llegaron en aluvión y el primero en interrogarlo fue el dirigente de los trabajadores petroleros, Jorge Matute, quien planteó que se obliga a las empresas públicas a entregar el 100 por ciento de sus ganancias al Estado y se le niega la posibilidad de endeudamiento externo.
El ministro respondió que "el endeudamiento debe ser autorizado de manera responsable, porque si se hace un mal negocio es el Estado el que debe ponerse y pagar". Otro dirigente dijo que "el comité de administración que se propone será un nuevo organismo de burócratas", y pidió que representantes de los trabajadores participen en el control de gestión.
De Gregorio dijo que "los trabajadores han hecho un aporte importante en las empresas públicas y la mayor eficiencia en el manejo de los empresas estatales se orienta a mejorar su valor económicos, porque se trata del patrimonio de todos los chilenos".
Otra pregunta fue para que el ministro definiera si habrá o no futuras privatizaciones, especialmente en Correos y Enami, "donde los correos privados proliferan y Enami tiene una deuda de 460 millones de dólares". La respuesta fue que "estamos al comienzo de un proceso y no ha habido decisiones. Todo se hará de acuerdo a las leyes, que son el poder de la democracia y cualquier cambio lo decidirá el Congreso".
