SANTIAGO.- El diputado PPD Nelson Avila señaló hoy que las tarifas de los servicios básicos de la Quinta Región "no sólo son más altas que en Santiago, sino que además, en algunos casos, resultan francamente abusivas".
En este sentido, el parlamentario precisó que "ello se manifiesta en el litoral central, con increíbles alzas del servicio eléctrico y en los permanentes aumentos en las cuentas de Esval (empresa sanitaria de la región)".
Avila indicó que el informe de la Cámara Regional del Comercio y la Producción "es contundente". "En la región el cargo fijo de la telefonía es 39,8 por ciento más caro que en la Región Metropolitana, y el cargo fijo de las eléctricas en Valparaíso llega a 1.069 pesos, mientras que en Santiago el valor de este concepto fluctúa entre los 456 y 528 pesos", señaló.
Asimismo, dijo que Esval -cuyo sistema tarifario está regulado en el DFL No.70 del Ministerio de Obras Públicas- "no ha considerado la norma legal que establece que sólo puede reajustar sus cargos con relación al IPC".
Añadió que la sanitaria, en los meses de agosto y noviembre de 2000 subió sus tarifas en 7,18 por ciento en el agua y 6,76 por ciento en el alcantarillado. "En el mismo período, el IPC sólo llegó a 2,8 por ciento. Del mismo modo en 1999 aumentó sus tarifas en 9 por ciento para el agua y en 48 por ciento en el caso del alcantarillado. Este año el IPC fue de sólo 2,3 por ciento", recalcó.
Por otra parte, denunció que las cuentas de la empresa eléctrica Litoral S.A. aumentaron entre 50 y 400 por ciento, afectando a las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo y parte e Cartagena. Puntualizó que estas alzas comenzaron a manifestarse durante diciembre pasado, cuando la empresa Chilquinta entregó la explotación de estos sectores a la recientemente creada empresa Litoral.
Al respecto, dijo que ya se presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de San Miguel y el próximo 31 de mayo se llevará a efecto "La noche de los interruptores caídos".
Tras estas denuncias, el parlamentario solicitó al Ejecutivo la entrega de subsidios o bonos especiales para compensar a las familias de la región afectadas y propuso fijar una tarifa única nacional "que estreche las distancias entre los valores que se registran en Santiago y la Quinta Región", sobre la base de un fondo común para la equidad de los servicios básicos.
